Actualmente el artículo 41 de la Constitución contempla al INE como una autoridad, independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño, presidido por un Consejo General como órgano superior de dirección formado por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y con voz, pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo que durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.
El artículo 99, establece que el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación; se forma con una Sala Superior y salas regionales; La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hasta hoy así regula la Constitución la integración y funcionamiento de dos funciones, administrativa y judicial, que intervienen para garantizar la imparcialidad, objetividad y la emisión del voto libre y secreto de los ciudadanos mexicanos para elegir, presidente, gobernadores, diputados locales y senadores y diputados del Congreso de la Unión y ayuntamientos, con la calidad de representantes populares, en las dos dimensiones, la administrativa a cargo del INE que comprende todo el proceso de preparación y desarrollo de elecciones y la jurisdiccional a cargo de los Tribunales especializados que concluye en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, para calificación y resolución de controversias electorales.
El tema controvertido de la propuesta del presidente López Obrador, además de los que tienen que ver con la constitucionalidad de la medida bajo la óptica de los Derechos Humanos, es la congruencia para presentarla precisamente en los momentos en que está por iniciarse la ultima parte de su periodo de gobierno y de inicio formal del proceso de selección de candidatos a sucederlo que, al margen de los tiempos legales, el propio presidente impulsa con posibles aspirantes de las diversas tendencias políticas.
Objetivamente se presenta como una propuesta de desconfianza del poder hacia el órgano electoral y el tribunal especializado, a los que evidencia como proclives al conservadurismo y factor preponderante del liberalismo que combate permanentemente el presidente López Obrador; sin embargo, la reforma que se induce se aprecia innecesaria e inoportuna, sin finalidad democrática real, que esconde la búsqueda de consolidar un liderazgo personal que le permita, seguir controlando el rumbo del pueblo mexicano en el próximo sexenio, tipo PRI, mediante un Instituto Político que es bastión de sus anhelos, enarbolando el estandarte de la cuarta transformación que sustituye a los postulados de la revolución mexicana.
Dado los tiempos en que se impulsa dicha medida, esta se torna mafiosa y sin sentido, salvo que los legisladores, retomen su real representación y, en el caso de aprobarla, en los transitorios indiquen que entrará en vigor hasta la elección federal del 2030 en adelante, lo cual disminuiría la falta de legitimidad de la misma para su uso amañado en el 2023 y 2024.
Es innecesaria para el presidente y su objetivo, porqué las encuestas que se realizan indican que el candidato que proponga Morena, a sugerencia de su líder real, tiene un alto porcentaje de ganar la presea en la elección presidencial, dada la popularidad que mantiene el presidente López Obrador y su reflejo al interior de su partido, lo cual no requería de una medida adicional, que no se ve con sentido democrático por ciertos segmentos relevantes de la ciudadanía, máxime que no tiene enfrente a un contrincante que pueda impactar la tendencia prevaleciente. Es pues una medida adicional para concentrar el poder
La democracia, es un concepto demasiado extenso pero que, ligada al campo de los derechos humanos de naturaleza política, comparte los principios que rigen este rubro a partir del artículo 1º.,Constitucional, siendo relevante uno de ellos que tiene que ver con la progresividad y, en ese sentido, tomando en cuenta que la reforma electoral a discusión, además de innecesaria e inoportuna por contener algunos postulados que atentan contra la legitimidad del voto ciudadano, implica vicios de la regresividad.
Estimo que la encuesta del INE tan bien aprovechada por el poder, es un símbolo de la imparcialidad de dicho organismo que, lejos de ser criticada negativamente, debe tomarse como guía para encausar una reforma que no favorezca al poder presidencial, sino que tienda a garantizar el voto libre y secreto del ciudadano mexicano y la legalidad del resultado mayoritario que hoy le brinda la actual legislación electoral y los órganos encargados de llevar a cabo esta función.
