La situación de los conflictos por límites de tierras, diferendos legales de tipo agrario e, incluso, laudos en proceso han sido, a lo largo de la historia motivo de venganzas y acciones violentas. Oaxaca tiene cientos de conflictos de esta naturaleza, al menos 30 son de alto riesgo. Sólo en los últimos días de octubre al menos seis personas murieron a causa de dichos conflictos agrarios. Cuatro fueron asesinados en los límites de San Pedro Ocotepec y San Juan Juquila, Mixes. El fin de semana pasado, dos personas más murieron por un añejo diferendo entre Santa María la Luz y San Miguel Tiltepec, ambas agencias del municipio de Ixtlán de Juárez. La violencia pues, animada a veces por las mismas autoridades municipales, auxiliares o comisariados de bienes comunales, han dejado sólo en los últimos años centenas de muertos.
Un recuento de lo ocurrido en el transcurso de esta administración da cuenta de la gravedad de que dichos diferendos no se resuelvan por la vía jurídica más que por la conciliación y el diálogo. Ya es común para los funcionarios tomarse la foto, en donde aparecen las autoridades de los pueblos en conflicto. Una vez que se firma la minuta de supuestos acuerdos, las diferencias y encono siguen, como fue el caso de Tamazulapam del Espíritu Santo y San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixes, por el uso de un venero de agua y que, por fortuna, no ha desencadenado hechos criminales. No es lo mismo lo que ha ocurrido en los enfrentamientos entre San Miguel Quetzaltepec y San Juan Bosco Chuxnabán o los 13 muertos que tuvieron que velar en Santa María Ecatepec, luego de la emboscada de sus vecinos de San Lucas Ixcotepec o los 4 de San Pedro Mártir Quiechapa, asesinados por sus vecinos de Santiago Lachivía.
En el organigrama del gobierno estatal existe la llamada Junta de Conciliación Agraria que, al parecer es sólo un elefante blanco. Estos temas los resuelve, aunque sólo como paliativo pues los resabios quedan, la Secretaría General de Gobierno, aunque, hay que decirlo, dicha dependencia está saturada para canalizar o acotar protestas, bloqueos carreteros u otros excesos de organizaciones y grupos de presión. A ello hay que agregar el burocratismo de los órganos jurisdiccionales agrarios, pues pueden pasar años sin que resuelvan dichos diferendos. En tanto no se aplique la ley y se castigue a quienes usen la violencia para resolver sus diferencias, esta cadena criminal habrá de continuar.
Preocupante diagnóstico
El pasado 30 de octubre concluyó la 78ª. Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organismo no gubernamental que aglutina a centenas de medios impresos hispanos de Latinoamérica y Estados Unidos, cuya reunión se llevó a cabo en Madrid. En algunas de sus conclusiones se revela el preocupante y franco retroceso de la libertad de prensa que se registra particularmente en México. Ello se evidencia –reconoció el organismo- en el aumento de los asesinatos de periodistas, así como en la intensificación de prácticas de persecución y criminalización judicial que desembocan en detenciones y exilios de integrantes de los medios del continente. Nuevamente México fue el país con mayor número de víctimas, con 11 homicidios de periodistas y trabajadores de medios desde abril último, sin que las autoridades de esa nación hayan logrado combatir de forma eficaz esta dolorosa tragedia.
Durante la reunión fue entregado el gran Premio Libertad de Prensa de la SIP, en calidad de homenaje póstumo, a 20 periodistas que fueron asesinados en México durante los últimos 12 meses. La asamblea exhortó a gobiernos y autoridades a que asignen prioridad a las investigaciones que permitan capturar a los culpables de estos crímenes. Además, instó a promover medidas que garanticen la protección del personal de prensa, tema que también fue discutido durante las sesiones, en busca de crear mecanismos adicionales y sistemas que contribuyan a fortalecer la seguridad de los integrantes de los medios en condiciones de riesgo. Otro frente de preocupación es el serio deterioro de las condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico por cuenta del avance del narcotráfico y el fenómeno de su transversalidad que abarca a varios países.
A esto se suman las conductas de estigmatización del periodismo y las campañas de desprestigio provenientes de gobiernos, sus aliados y movimientos políticos. El escenario más extendido para estos ataques han sido las redes sociales. Los casos de mayor intensidad en este frente se registraron en México y otros países como Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Nicaragua. La incitación a los discursos de odio en el ecosistema digital afecta prácticamente a toda la región, al punto que hasta en Canadá, uno de los países con mayores garantías para la libertad de prensa, las organizaciones de periodistas reclamaron al gobierno tomar acciones contra las plataformas y redes sociales para que frenen la circulación de mensajes violentos contra los medios y sus integrantes.
