Un sector vulnerable de la administración estatal, son los empleados (as) a su servicio, sean de base, confianza o contrato. La categoría es lo de menos. Eso se ha puesto de manifiesto en el actual gobierno. Si bien la agresión en contra de los mismos se ha convertido en algo común, siempre acompañada del cierre de las oficinas o de los complejos de Ciudad Judicial, Administrativa o el propio edificio del Congreso, lo más deleznable es que el propio gobierno se cruce de brazos para solapar la impunidad con la que se conducen dirigentes y militantes de organizaciones sociales, grupos de presión, membretes y hasta comuneros que provienen de algunas comunidades del estado y asumen como una gracia, vejar a empleadas o humillar a trabajadores.
Recordamos algunos pasajes en verdad bochornosos que sólo generan pena ajena. No por quienes son las víctimas de la cobardía de aquellos que en multitud agreden y golpean, sino por la torpe actitud del gobierno estatal en permitir este tipo de agresiones. Hace al menos dos años, un grupo de vecinos de Santo Domingo Teojomulco llegaron a Ciudad Judicial, luego de montar bloqueos carreteros y agredir a la ciudadanía. En su afán de hacerse notar lanzaron piedras a las oficinas, rompieron cristales y, posteriormente, prendieron fuego a los sitios de trabajo de mujeres y hombres que, por un salario, cumplen con su tarea en las labores de gobierno. Cuando habían transcurrido al menos diez horas del secuestro, algunas empleadas trataron de escapar por la red de drenaje. Cuando los rijosos descubrieron dicha acción, prendieron fuego al pasto seco para asfixiarlas. Nadie los tocó. Al día siguiente, sonriendo se regresaron a su pueblo.
Hace al menos un mes, un torvo sujeto y vividor de la dádiva gubernamental, Juan Torres Pereda, dirigente del Consejo de Defensa Ciudadana (Codeci), repitió dicha acción. Mantuvo secuestrados a empleados y empleadas hasta bien entrada la noche. Algo raro, llegaron elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional para liberar a los secuestrados. El martes 25 de octubre, otro membrete, denominado Coordinadora de los Pueblos Ikoots de Oaxaca, repitió el numerito. Notas y videos dieron cuenta de la agresión y violencia en contra de indefensos trabajadores (as). Lo anterior debe servir como referencia al régimen que se estrena en poco más de un mes. Esta situación no debe tolerarse más. Un gobierno que deja a merced de grupos violentos a sus trabajadores, no tiene razón de ser.
Una paz remota
Hace al menos una semana trascendió que el gobernador electo, Salomón Jara Cruz había viajado a la Mixteca, concretamente a la zona triqui, para reunirse con la dirigencia e integrantes del Movimento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI). Lo anterior se dio casi de manera simultánea al aniversario del asesinato de quien fundara el MULT, Heriberto Pazos Ortiz, que podría decirse es la matriz de la primera organización. Aunque no se difundió información sobre el propósito de dicha visita, es más que evidente que el próximo ejecutivo estatal ve con preocupación que todos los esfuerzos empeñados, tanto del mismo gobernador Alejandro Murat como del gobierno federal, a través del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, para concertar la paz entre las organizaciones citadas, hayan prácticamente fracasado.
Uno de los ejes de esta política fallida, que no se puede acreditar a los dos personajes mencionados, es el reiterado fracaso del retorno a la zona de Tierra Blanca, Copala, de al menos 143 familias pertenecientes al MULTI que, se asumen desplazadas. Se han dado varios intentos sin que ello se logre. Y es que hay un factor en el que poco se ha reparado: son los mismos dirigentes los que administran la violencia y viven de ella. Por ello, a cada mesa de diálogo que se pone en marcha, siempre hay un homicidio de un grupo o de otro. El asunto es que jamás dichos intentos pueden ser exitosos si existe un plan perverso de que la paz jamás llegue a la zona triqui. A ello hay que agregar que ambas organizaciones ya se habituaron a vivir con la mano alargada. Es un caso único entre los grupos étnicos del país.
Ojalá que Jara Cruz tenga la capacidad política de llamar a cuentas a los dirigentes y, eventualmente, leerles la cartilla, porque en Oaxaca no pueden haber espacios de excepción en donde se pitorreen de la ley y hagan de la violencia una práctica recurrente para seguirse exterminando entre la misma etnia. Es necesario también descubrir a las manos que detrás mueven a los citados dirigentes, desde grupos religiosos hasta activistas sociales con intereses claramente definidos. Con certeza encontrará muchas sorpresas, pues es sabido que incluso hay extranjeros metidos a fondo manejando al citado grupo étnico o ¿acaso es fortuita su movilización no sólo en el país o el extranjero?
