Uno de los ilícitos que se ha exacerbado en los últimos tiempos, incluso en temporada de pandemia es la extorsión telefónica, frente a la cual las autoridades de procuración de justicia de plano han doblado las manos. Sigue siendo común escuchar la voz de un desconocido que dice estar reteniendo a un menor de edad, quien con llanto fingido simula sufrimiento y urgencia de que sea rescatado, pagando la cantidad que le piden a sus padres supuestos. De diez casos, los delincuentes, la mayoría operando desde prisión, la pegan en tres o cuatro, pues los destinatarios de la extorsión no caen en el juego. Vienen después las amenazas de muerte. Otras llamadas se refieren a supuestos familiares que han sufrido un accidente y que urgen de dinero para poder curarse. No obstante lo común que se ha vuelto dicho delito, los criminales logran su cometido cuando contactan a personas de la tercera edad, quienes caen en el juego.
Pese a haberse identificado bandas delictivas y criminales que operan desde la red de penales en el país, el gobierno federal poco ha hecho para paliar esta situación. Las autoridades estatales hacen menos. Aparte de la extorsión telefónica está la que hacen de manera directa los grupos criminales con comerciantes de toda naturaleza, incluyendo puestos en el mercado, taquerías, carnicerías, lava-autos, negocios de venta de frutas, bares, antros, etc. No acceder a sus exigencias que a veces rebasan las ganancias que obtienen con su trabajo los propietarios, las ejecuciones son la consecuencia. El perfil de este delito abominable es la violencia exacerbada, lo cual ha motivado el cierre de cientos o miles de negocios, ante la imposibilidad de acceder a presiones y extorsión. En Oaxaca, le han entrado a este negocio criminal, hasta los sindicatos de transportistas, que tienen sicarios a su servicio.
Lo que ha hecho falta más allá de crear la cultura de la denuncia, son acciones que conlleven a evitar que la gente de bien caiga en manos de los citados extorsionadores y criminales, los cuales han hecho una gran industria de este delito. Una campaña publicitaria en medios impresos y electrónicos no estaría de más para que miles de personas que son objeto de este ilícito eviten perder su patrimonio en manos de criminales sin escrúpulos. Las cosas no pueden quedar como hasta hoy. El pueblo está cansado de la parálisis gubernamental para combatir delitos como el que tratamos.
Aberrante impunidad
La llamada Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que fundara el senador suplente, Pedro Haces Barba, se ha convertido desde que llegó a Oaxaca hace pocos años, en un serio problema de violencia e impunidad. Se sabe que al menos durante el gobierno de Alejandro Murat ha gozado de muchos privilegios que no tiene ninguna organización sindical similar. Bajo ese prisma hay que ver el encarcelamiento del dirigente estatal de la Confederación Internacional del Trabajo (CIT), Hipólito Rojas o la persecusión de que ha sido objeto la dirigente de la Confederación “Libertad” de Trabajadores, Guadalupe Díaz Pantoja o la detención en 2019 y luego la liberación de quien fuera el mandamás de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Marco Antonio Cruz Sánchez. Es decir, las cosas se han alineado para darle la exclusividad en todo y que siga caminando al filo de la ley.
Para muchos nos ha quedado claro que, desde que dicha confederación entró a golpes y catorrazos a Oaxaca, la violencia en el sector del transporte se exacerbó. En años pasados hubo un catálogo de homicidios y hechos de violencia que, desafortunadamente no han tenido castigo. En redes sociales se han difundido datos sobre conocidos pájaros de cuenta, verdaderos delincuentes que no sólo controlan el transporte sino que, incluso, están metidos en operaciones ilícitas como el cobro de piso, el secuestro, la extorsión y hasta el trasiego de droga. Sin embargo, o las autoridades se hacen las desentendidas o existen arreglos para que sean intocables. Por las ligas de su patrón a nivel nacional, no hay duda que la impunidad para dicho sindicato seguirá con el gobiernos entrante, lista para convertirse en un serio problema para la ciudadanía si antes no la para el gobierno.
Así, con una coraza de impunidad se ha apropiado de los playones del Río Atoyac, en donde sus agremiados depositan a diario tolenadas de basura, sin que nadie los toque. Ni el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, que preside Francisco Martínez Neri ni los organismos federales o estatales responsables de proteger el medio ambiente han podido acotar o sancionar a estos hampones. Es más, un grupo de abogados han logrado un amparo para evitar que el emblemático río siga como depositario de basura y descargas de aguas residuales. Pero a CATEM nadie la toca.
