El pasado viernes, en este mismo espacio editorial, comentamos de la resistencia de muchos empleados de base del gobierno estatal, afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal (STSPEIDCE), a regresar a sus labores argumentando su seguridad personal, en torno a la pandemia de Covid-19. Uno de esos sectores de empleados (as) labora en el Registro Civil, quienes amenazan con regresar si acaso, hasta diciembre. Nada, absolutamente nada justifica ya su ausencia, luego de una contingencia sanitaria que prácticamente ya fue levantada por el gobierno federal, al declarar que el uso del cubre-bocas o mascarilla ya no es obligatorio, como tampoco lo son los tapetes sanitizantes y otros medios preventivos para los contagios de dicho mal. Aunque, como dijimos ayer, en Oaxaca se sigan usando.
Durante más de dos años y medio, trabajadores (as) al servicio del gobierno estatal han recibido sin falta sus emolumentos quincenales, sin que nadie los haya molestado en absoluto en su reposo domiciliario o en los trabajos esporádicos que lograron conservando su base oficial. Y aún así se niegan a retornar a sus responsabilidades laborales. Lo que no se vale, es que sus dirigentes tengan ya apalabrada la partida presupuestaria gubernamental, que son decenas de millones de pesos, para echar la casa por la ventana en los festejos del “Día del Empleado”, que se celebra esta semana. ¿Cómo hacerles fiesta, con bonos, regalos, baile y demás, a quienes han estado ausentes de sus labores desde hace tanto tiempo? Es evidente que los recursos asignados son parte de las demandas que los dirigentes sindicales tienen con el gobierno estatal. Y ellos se otorgan cada año.
Según ha trascendido, el corolario de las actividades del citado festejo se hará con un baile amenizado por una conocida banda de música grupera, que no cobra una bicoca, sino muchos miles de pesos, lo que no acaba de convencer a la ciudadanía. Es decir, ¿después de que han estado ausentes de sus labores desde marzo de 2020 y pese a que la pandemia ha aminorado su carga de contagios y letalidad, la ponen de pretexto para no retornar a sus responsabilidades, aún así se les premia? Es importante subrayar que, cada año, durante el mes de octubre, entre torneos, porras, desayunos, comidas y huateques, el gobierno estatal dispone de una bolsa millonaria para festejar a sus burócratas.
Amenazas y emplazamientos
Uno de los retos que tiene el gobernador electo Salomón Jara Cruz, cuando asuma funciones en poco más de un mes, es cómo paliar la voracidad de dirigentes y manejadores de algunas organizaciones sociales que ya lo están emplazando a que cumpla con sus promesas de campaña. El pasado 12 de octubre, con el pretexto de las protestas en torno a la celebración del descubrimiento de América y la nueva modalidad de derivarlo en los derechos de los pueblos originarios, un pequeño grupo de dichos organismos parasitarios, amenazó con boicotear la toma de protesta el próximo primero de diciembre. Con un directorio de demandas, al menos cinco de dichas organizaciones lanzaron denuestos en contra del gobierno que aún no entra en funciones, entre ellas, el Frente Popular Revolucionario (FPR), un ente beligerante que vive de las víctimas de su movimiento, en este caso, de Tomás José Martínez Pinacho, su líder regional en Miahuatlán de Porfirio Díaz, que fue asesinado en agosto de 2020.
Otro de los organismos aglutinados en este frente o más bien nuevo membrete, es el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), cuya dirigencia desde su fundador Heriberto Pazos Ortiz hasta la dirigencia colectiva de hoy, han pervivido de la dádiva gubernamental. Este organismo, al igual que su escisión, el MULTI, tienen hoy mismo a la región donde habita dicha etnia convertida en una zona de guerra. Pese a los esfuerzos de la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y del mismo gobierno estatal, para propiciar el retorno pacífico de 143 familias que se asumen desplazadas de la zona de Tierra Blanca, Copala, el primero ha sido factor de violencia, similar a su contraparte. Y los dirigentes no dejan que llegue la paz, pues se les acaba el negocio.
Otro de los grupos que ya presionan al futuro gobierno es la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), que lo único que busca son dádivas y canonjías para la gente que maneja. En todo ello, los aludidos propusieron la reactivación de la famosa Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), aquella de triste memoria que, durante el conflicto político y social de 2006, liderada por Flavio Sosa Villavicencio, tomó a la ciudad de Oaxaca y sus habitantes como rehenes de su lucha bastarda y convenenciera. Es obvio que, uno de sus propósitos es crearle problemas al gobierno que viene y seguir con sus privilegios, al igual que las 400 organizaciones que, como parásitos, viven del miedo oficial.
