De los 193 expedientes iniciados por violencia política en razón de género, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) ha confirmado la infracción en 49 casos en el estado de Oaxaca.
En el marco del Sexto Encuentro Nacional de Observatorios Locales de Participación Política de las Mujeres, la presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca (OPPMO), Elizabeth Bautista Velasco afirmó que, en Oaxaca, se aplican las sanciones señaladas por la ley, en aquellos casos en que se ha acreditado la violencia política en razón de género.
Tras la reforma de 2020, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca ha conocido de 193 expedientes en materia de violencia política en razón de género, de los cuales, en 49 juicios se acreditó esta infracción.
Aunado a que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Oaxaca ha integrado 224 carpetas de investigación. Al menos 9 casos fueron judicializados penalmente, manifestó la también magistrada electoral.
Bautista Velasco explicó que, en relación con el Registro Nacional de personas sancionadas por violencia política en razón de género, el cual es encabezado por Oaxaca con 82 casos, estos corresponden a 29 juicios resueltos por el TEEO, en los cuales se han sancionado a los infractores.
Agregó que estos juicios representan el 60% del total de juicios en los cuales se ha acreditado violencia política en razón de género.
La presidenta del OPPMO detalló que, de estos 29 juicios: 15 corresponden a municipios del régimen de partidos políticos, uno a partido político y 13 a municipios de sistemas normativos internos.
Algunas de las conductas señaladas por las víctimas, son: omisión de convocarlas a sesiones de cabildo, de proporcionarle información y de tomarlas en cuenta para decisiones de cabildo.
Así como la indebida reducción de dieta, reasignación del personal a su cargo, despojo del espacio de trabajo, invisibilizarla en el desempeño de funciones y omisión de atender los proyectos que presentaba.
Pero también denuncian, la falta de pago de dietas; expresiones que menoscaban el ejercicio de los derechos de la víctima, al señalar que no tiene capacidad para ejercer el cargo.
