En algunos medios digitales ha trascendido que la nueva administración se perfila austera, con dependencias y entidades compactadas y con reducción de salarios de titulares y mandos superiores y medios. No se sabe aún cuál será la política que se emprenda para el citado nuevo gobierno. Todo ello requerirá, como lo hemos comentado en otros espacios editoriales, de una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Estatal, congruente con la política que se pretende aplicar. Hay que recordar también que durante el gobierno de Gabino Cué (2010-2016), se perfilaron exigencias para los nuevos titulares, como el tener título universitario, que no se aplicó del todo, habida cuenta que hubo secretarios de algunas dependencias que pidieron dispensas para tramitar, entre ellos el mismo gobernador electo, Salomón Jara y quien fuera titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), Adelfo Regino Montes.
En lo que se refiere a la declaración patrimonial inicial, eso siempre ha sido obligatorio, aunque la euforia de los nuevos funcionarios omita este trámite ineludible. Lo que llama la atención es la insistencia de llevar a cabo políticas de austeridad en el Poder Ejecutivo, cuando en el Legislativo se gasta a placer. Hace un par de meses, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXV Legislatura pidió una ampliación presupuestaria de más de 90 millones, adicionales a los 484 millones autorizados para 2022. Es decir, por un lado se tratan de imponer candados al gasto y, por la otra, el dispendio se da de manera escandalosa. Los nuevos operadores deben actuar con prudencia y sensibilidad. Hay dependencias que en la actual administración han sido castigadas con restricciones presupuestal, lo cual impidió desempeñar sus funciones de manera eficaz.
Si en efecto habrá una política de austeridad republicana que ésta sea congruente y no sea sólo simulación, restringiendo el gasto en unas y tirando los recursos en programas sociales clientelares con perfil electoral. Si lo que se trata es de optimizar nuestro magro presupuesto estatal, nada mejor que aplicar medidas de transparencia y rendición de cuentas, que conlleve a que todas las dependencias sean como escaparates transparentes en donde el ciudadano pueda hurgar y estar informado de las erogaciones y en qué se gasta el erario de los oaxaqueños.
Obligado arraigo
Cada que una nueva administración gubernamental prepara su arribo al poder público, siempre se perfilan buenas intenciones. No hay nada de raro en ello. Total, el ofrecer no empobrece, el dar es lo que aniquila, dice un viejo refrán popular. Hemos escuchado dicho discurso al menos los últimos treinta años. Pero Oaxaca sigue en las mismas. Es la realidad que la ciudadanía palpa en su diario devenir. Los temas prioritarios son acabar con la pobreza, dar atención sanitaria a todos (as), construir carreteras y caminos, además de terminar con las prácticas de corrupción, el tráfico de influencias y otros vicios arraigados en nuestra incipiente cultura de la rendición de cuentas y transparencia. Se necesita conocer Oaxaca para darse cuenta de sus carencias, sus recursos y las aspiraciones que una sociedad como la nuestra necesita.
No se trata de negar capacidad, formación profesional, méritos académicos o experiencia laboral a quienes provienen de otras partes del país o otras latitudes, sino de cuestionar su desconocimiento de la historia local y de lo mucho que Oaxaca ha aportado a la construcción del México moderno. Es prudente exigir arraigo y vecindad. Sin ánimo de criticar a la actual administración, lo visto no es juzgado. La mayoría de los cargos públicos estuvieron a cargo de personajes originarios de la Ciudad de México o el Estado de México. A juicio del gobernador actual, no había oaxaqueños con capacidad para hacerse cargo de áreas importantes. Desde el inicio del sexenio, en diciembre de 2017 a la fecha, muchos de aquellos que iniciaron ya no están. Se fueron destripando por desleales o por ineficientes. Si hicieron mal uso de los recursos que tuvieron a su disposición, no viven aquí para señalarlos, lo contrario de los oriundos de aquí, que seguirán en el terruño que los vio nacer.
De lo que nadie duda es que en nuestro sufrido estado hay talento, hay capacidad y experiencia. Profesionistas probados y formados en las mejores instituciones educativas del país, que anhelan ser tomados en cuenta. Hay quienes ya empiezan a preparar sus renuncias ante la llegada del nuevo gobierno, habida cuenta que, como ya es tradicional, quien llega a las dependencias y entidades; organismos descentralizados o sectorizados, viene con una retahíla de aduladores y busca-chambas, que se sentarán sin experiencia, en los cargos que otros ocuparon durante años.
