Desde diversos foros se ha pedido al gobierno estatal que conmine a los trabajadores sindicalizados, afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Organismos Descentralizados de Carácter Estatal (STSPEIDCE), que retornen ya a sus fuentes de trabajo, las cuales abandonaron por la contingencia de Covid-19 desde marzo de 2020. Ha pasado dos años y medios y es penoso ver oficinas vacías, sin empleados que atiendan asuntos urgentes, no sólo internos de sus propias dependencias sino de aquellos que dan atención al público. En ese sentido, los burócratas estatales emulan a la perfección a miles de mentores de la Sección 22 del SNTE que, en el mismo tenor y poniendo de pretexto la pandemia sigue cobrando sin trabajar, sin pena alguna.
Estamos a menos de dos meses de que concluya esta administración, se dé el cambio de estafeta en el gobierno estatal y hay una agenda pendiente que no ha acabado de cumplirse como lo hemos comentado en espacios editoriales anteriores. La administración pública estatal debe funcionar como un engranaje institucional en donde los trabajadores sindicalizados forman una parte importante. La aplicación de las vacunas contra la Covid-19, principalmente, han contribuido a paliar los efectos letales de la pandemia. Se ha reducido el número de contagios, hospitalizados y muertes. La vida tiene que normalizarse. Las mismas autoridades sanitarias han llamado a la nueva normalidad, aplicándose los protocolos necesarios. ¿Cuáles son los argumentos para no retornar a sus fuentes de empleo, que dicho sea de paso, son pagados con nuestros impuestos?
Por esas paradojas inexplicables del gobierno, es impresionante la indolencia, la insensibilidad y poca humanidad con los empleados de confianza, de contrato y honorarios, a quienes se obligó a cumplir con sus responsabilidades aún en los períodos más letales de la pandemia. Son quienes han dado la cara por el gobierno y hoy, la mayoría, prepara las renuncias a sus cargos, desde los más modestos a los mayores, en virtud del cambio de administración. Muchos de ellos fueron obligados por sus titulares a estar presentes, aún antes de las campañas de vacunación y no son pocos los que sucumbieron por los efectos de la pandemia. En tanto los empleados de base siguen en vacaciones perpetuas, pese a que la nueva normalidad ya los llama a trabajar y desquitar su salario.
Ganar elecciones vs gobernar
De una cosa podemos estar ciertos los ciudadanos que habitamos la capital oaxaqueña: los dos gobiernos municipales que han emergido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), han resultado hasta el día de hoy, un fracaso. Los tres años que se mantuvo en el cargo el ex presidente municipal, Oswaldo García Jarquín fueron para los capitalinos, de oscuridad, incapacidad y torpeza. El ex edil se dedicó a todo menos a retribuir a la ciudadanía la confianza que con el voto depositó en él. Francachelas, corrupción, falta de obras, ausencias permanentes, poca seriedad para desempeñar el cargo, frivolidad, etc., fueron algunas de sus divisas. No es fortuito que haya entregado a su sucesor un millonario boquete financiero, que no se justifica más que por lo malos manejos y una pésima administración del erario municipal. La lamentable gestión de García Jarquín, lejos de restarle votos a su partido, siguieron al alza.
A casi diez meses de haber iniciado su periplo gubernamental en Oaxaca de Juárez, el edil Francisco Martínez Neri pone una vez más sobre la mesa, la contradictoria sentencia que afirma que no es lo mismo ganar elecciones que gobernar. En la lógica de muchos la tendencia electoral que favoreció a Morena en el período pasado, debió haber dado un viraje. Pero no. Martínez Neri ganó en julio de 2021, con un amplio margen. Su perfil profesional, ex rector de la UABJO, fiscalista, ex legislador federal y exsecretario de Cultura, era legado suficiente para convertirse en un presidente municipal idóneo. Pero se equivocaron tanto los electores como los medios de comunicación. Ni una de sus promesas de campaña se ha cumplido, cuando roza ya el décimo mes de su administración.
La capital muestra los síntomas propios del abandono, de la abulia gubernamental para aplicar políticas públicas para el desarrollo y de atención a la demanda de la ciudadanía con prontitud. Las quejas sobre la penosa imagen de la ciudad con baches y hoyancos por doquier, ha sido desatendida por completo. El problema de la falta de un depósito municipal, con certeza provocará serios dolores de cabeza a la ciudadanía. La inseguridad galopante ha mantenido a los capitalinos y habitantes de las agencias municipales en permanente zozobra. Las ejecuciones se dan en las propias colonias de alta plusvalía. Pero ninguna declaración, sólo el silencio que otorga, ante una visión torpe de lo que implica informar al pueblo.
