La industria del bloqueo carretero o a calles y vialidades se ha institucionalizado en Oaxaca. Es impresionante la capacidad de pequeños grupos, incluso familiares para detener la circulación y paralizar la economía. Y el fenómeno se da en todas partes del estado, particularmente en la capital y en el Istmo de Tehuantepec. La construcción de una barda perimetral en una escuela; pagar indemnización a un trabajador despedido; otorgar a la familia recursos para una persona accidentada, etc., son motivos suficientes para golpear el derecho al libre tránsito. Es decir, temas particulares en los que los afectados nada tienen que ver, se ha convertido en un látigo social, justamente porque tal parece que en el gobierno se ejerce el mando con miedo o porque no existe un cuerpo jurídico que lo obligue a actuar en defensa de los derechos civiles de los más y no solapar la impunidad de los menos.
Dos ejemplos para ver la aberrante forma de chantajear al gobierno. Durante días, un grupo de moto-taxistas aglutinados en la organización “General Charis” y colonos de Juchitán de Zaragoza, mantuvieron al menos tres bloqueos en el tramo carretero entre Tehuantepec y Juchitán. El móvil de dicha acción fue la exigencia de obras de pavimentación en la Colonia “3 de octubre”. Es decir, una demanda que tiene que resolverse en las instancias competentes devino afectación a pasajeros, transportistas, ciudadanía en general, etc. Otro caso, el jueves pasado, un joven trabajador de una empresa contratada por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), en las obras de “Símbolos Patrios”, falleció sepultado por un alud de tierra en un accidente. Sin conocer los motivos, los peritajes de las autoridades ni siquiera el resultado de las investigaciones y las responsabilidades, familiares y amigos la emprendieron contra la ciudadanía, ahorcando la capital oaxaqueña con una decena de bloqueos.
Pero ninguna autoridad mete la mano para salvaguardar los derechos civiles y el libre tránsito. De los dos casos que comentamos, ninguno por más trágico y doloroso que fuera, tenía el peso o los argumentos necesarios para afectar a miles y miles de ciudadanos. Y esto es aberrante. Oaxaca no es la entidad que tanto cacarean las autoridades en sus discursos oficiales. Es un pueblo sin ley, una ínsula en la que dos o tres sujetos pueden paralizar sin más, la marcha de la economía, arropados por la falta de voluntad política para aplicar la norma.
Tiraderos clandestinos
Desde que inició la crisis de la basura, en el mes de julio, luego de que dirigentes de las colonias irregulares que se asentaron en inmediaciones del sitio en que aún funciona el relleno sanitario del municipio de Oaxaca de Juárez, inició la presión de recolectores privados de desechos que, arropados por la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), uno de los sindicatos mafiosos como le llamó el presidente López Obrador, iniciaron una serie de presiones al ayuntamiento capitalino que preside Francisco Martínez Neri. Algunas de sus acciones fueron arrojar sus cargas pestilentes en la Plaza de la Danza y bloquear las calles aledañas al edificio municipal. Con justa razón el edil los bateó materialmente habida cuenta de que en su papel, debe darle prioridad al tema de conseguir un lugar que funcione como relleno sanitario a la brevedad, dado el plazo improrrogable que le otorgaron, en lo que le compete atender la cosa pública, no temas privados.
Renuentes a atender razones y argumentos, pero ensoberbecidos por el apoyo que les otorga el referido sindicato mafioso, consentido en el actual gobierno estatal, recurrieron a una de las formas más burdas y ominosas de que se tenga memoria: ir a tirar sus cargas a las riberas y playones del Río Atoyac, contribuyendo con ello a acrecentar la contaminación que desde hace mucho padece nuestro emblemático afluente. Y ahí están hoy en día, a cielo abierto, afectando la salud y el entorno ambiental, más de 500 toneladas de basura de la que dichos operadores privados, no se quieren hacer responsables. Los organismos que dicen proteger el medio ambiente, como la Secretaría estatal respectiva, SEMAEDESO y la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de Oaxaca, simplemente se han desentendido de este agravio social.
Sin embargo, en la zona conurbada también se están dando casos similares, aunque aquí la responsabilidad la tienen otros. Es el caso del presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Inocente Castellanos Alejos que, luego de fracasar en sus arreglos con un particular que rentaría un predio de su propiedad en la comunidad de Santa Ana Zegache, para servir como tiradero de basura, ante la protesta de la población, ahora los camiones recolectores están haciéndolo en un tiradero clandestino ubicado frente a una zona habitacional. Pero como siempre ocurre, nadie sabe nada y los que deben vigilar el cumplimiento de la ley, escondiendo la cabeza.
