Aclarar el crimen de Ayotzinapa de 43 normalistas es la obra más importante que va a dejar Andrés Manuel López Obrador al país. Sus magnas construcciones como el Tren Maya y la refinería petrolera podrán hacerlas en cualquier momento un presidente que tenga el dinero y la decisión de construir, pero hacer justicia entre tantos intereses que existen sobre la muerte y asesinato de 43 normalistas en uno de los casos más dolorosos y graves de la violencia mexicana, es un acto supremo de honestidad y grandeza.
Durante toda la semana al comentar el informe del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el presidente ha estado desmenuzando y analizando las dificultades a que este proceso se están enfrentando por los miles de intereses que existen en juego. El primer informe de la comisión para aclarar el problema de Ayotzinapa encabezado por uno de los hombres de más confianza del presidente Alejandro Encinas, además de asegurar que en este sexenio se aclararía este problema, ha levantado una serie repercusiones en pro y en contra. Empiezan a salir los verdaderos culpables
El presidente comento en las mañaneras con claridad meridiana los problemas que enfrentan, miles de presiones, hay quienes no quieren que se aclare, existen cientos de intereses que presionan de diversas formas para que “nos olvidemos de esta promesa que se hizo desde que estábamos en campaña, dijo AMLO, pero no nos vamos a olvidar y vamos a llegar a que se sepa la verdad” afirmo el presidente al comentar el informe del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien ha señalado que autoridades federales del más alto nivel fueron omisas. “La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, ha dicho Alejandro Encinas en su primera gran conclusión o informe en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. “Estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles”, añadió.
Estas declaraciones estarían en el núcleo de la lucha que vive la administración López Obrador de saber y dar a conocer la verdad por la inocultable pugna entre los exfuncionarios de guerrero, militares, Fiscalía, secretaria de gobernación y Palacio Nacional por controlar los alcances para encontrar verdad y justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, que este mes llegó a su octavo aniversario. Pugna en la cual se inscribe la renuncia del fiscal especial al cargo de la investigación.
La masacre fue ahora que se ve en conjunto uno de los actos más violentos deleznables y crueles de que se tiene memoria en México. Por las declaraciones de sobrevivientes, de integrantes de Guerreros Unidos y de otros testigos, en el informe se señalan que las órdenes de atacar a los muchachos salieron de Sidronio Casarrubias y su familia. El motivo, una presunta invasión de un grupo rival, en teoría Los Rojos, con mucha presencia en aquella época en el sur de Morelos y el norte de Guerrero. Sidronio habría ordenado el ataque a su lugarteniente en Iguala, Juan Salgado, alias El Indio, muerto a balazos el año pasado, durante un operativo que la Fiscalía federal armó para detenerle.
El destino de los estudiantes es dantesco. Sólo han aparecido partes de tres cuerpos. El informe señala que los estudiantes desaparecidos en el Palacio de Justicia podrían haber sido conducidos a Barandilla, aunque también al sur, a pueblos como “Huitzuco, Tepecoacuilco, Mezcala, Sabana Grande o Coacoyula”. En las búsquedas realizadas en estos años en varios de esos puntos, ni la Fiscalía ni la comisión presidencial han encontrado nada. Ahora, los ojos están puestos en Coacoyula, unos kilómetros al norte de Mezcala. Del grupo de “levantados” tampoco hay pistas, aunque los investigadores manejan un par de ideas, los diferentes señalamientos a Taxco, al norte de Iguala, de varios testigos y presuntos atacantes, y la certeza de que los perpetradores usaron alguna de las incineradoras de las funerarias de Iguala para desaparecer cadáveres. La pregunta es el tamaño de la corrupción y complicidad de tantas personas de distintos pueblos para participar en una masacre tan brutal, pueblos sin conciencia.
Los investigadores han recibido en las últimas semanas además nueva información del Ejército, “más de 1.600 folios con análisis de inteligencia, documentos de búsqueda y notas informativas”, según una fuente cercana a las pesquisas, elaborados por una veintena de integrantes de la Secretaría de la Defensa, que recogen el actuar de la dependencia desde la noche de los hechos hasta finales de octubre de 2014. Falta por ver si la dependencia manda nuevos documentos, con intercepciones de comunicaciones a integrantes de la red criminal de Iguala, como las divulgadas en octubre pasado.
No olvidemos los que informó Alejandro Encinas: La desaparición de los 43 estudiantes, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron y estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles. Fin
