Estamos justamente a dos meses del relevo gubernamental. La cuenta regresiva ha iniciado, pues se presume que en este mes de octubre quedará completa la entrega-recepción de éste al siguiente régimen. Sin embargo, hay aún varios pendientes que, según trascendió en días anteriores se habrían de concretar en estos últimos días de la actual administración. Nos referimos a la inauguración de algunas obras que, con eufemismo se pueden calificar como relevantes, las cuales pudo llevar a cabo el gobierno de Alejandro Murat. En declaraciones hace unas tres semanas al menos, el titular de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), Javier Lazcano, reconoció que dos de las referidas obras serían entregadas por el ejecutivo estatal: las del llamado Circuito Interior y las de Símbolos Patrios.
Como hemos informado en nuestras páginas, en la primera ya se abrió la circulación, pero en la segunda, aunque se trabaja a marchas forzadas, no se han concluido. Es más, el pasado jueves una persona murió sepultada. Hay otras obras que manifiestan un retraso evidente, como las del Centro Cultural “Álvaro Carrillo” y las del Centro de Convenciones de Huatulco, de las que muy poco se habla. No hace falta ser un especialista para advertir los castillos de varilla de hierro visibles desde las vías que circundan la primera obra y darse cuenta que en dos meses será imposible terminar. La cuestión es simple: se dejó pasar mucho tiempo para el inicio, además de la contratación de empresas foráneas que lejos de cumplir con el calendario de ejecución, de manera reiterada han fallado. El gobierno de Gabino Cué (2010-2016) no pudo concluir la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO). Tuvo que terminarla el actual gobierno.
Es una mala lectura para la historia política local dejar obras pendientes de concluir. Es penoso reconocerlo, sin embargo, este gobierno se quedó corto en resultados y en la edificación de obras en verdad relevantes. Puede haber muchas razones, pero esta situación contrasta con la publicidad excesiva de los resultados obtenidos y de la reducción de la pobreza, cuando queda de manifiesto que uno de los antídotos para superar los niveles de rezago es, justamente, elevar la calidad de vida de los oaxaqueños. Se habla de crecimiento económico, de éxito en la lucha contra la pobreza, pero nada de obras necesarias para que Oaxaca salga del atraso.
Reformar Sistema Anticorrupción
Uno de los retos que tiene pendientes la LXV Legislatura del Estado, es desentrañar el nudo de confusión, inconsistencias y violaciones a la ley, en que los miembros de la pasada bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) –muchos de ellos reciclados a la actual legislatura- dejaron el Sistema Estatal Anticorrupción. Y es que en la actualidad existen roces y fricciones entre quienes están a cargo del Comité Estatal de Combate a la Corrupción a los que se asumen miembros de un fantasma: el Consejo Estatal para el mismo fin. Ello ha dado lugar a una seria confusión, habida cuenta que unos y otros emiten declaraciones o hay manejo mediático que lejos de aclarar tal enredo más lo estimulan. Y ello se viene arrastrando desde principios de 2021, unos meses antes de que concluyera la LXIV Legislatura, quien hizo reformas a artículos de la Constitución local sin contar con mayores elementos que cambiar la denominación de Comité a Consejo e incrementar el número de miembros.
Según declaraciones hechas a los medios, el gobernador electo Salomón Jara Cruz tendrá como política de su administración, la lucha contra la corrupción y la vigencia de la transparencia y la rendición de cuentas, por tanto, su gobierno habrá de requerir que en dichos temas, exista una entidad autónoma que sin duplicar funciones de otros órganos, sea la piedra angular del Sistema Estatal Anticorrupción en la entidad. Esto es: se requiere el andamiaje jurídico que permita al gobierno que entrará en funciones, ser respaldo y vigilante para instrumentar las políticas encaminadas a terminar con ese flagelo de la sociedad mexicana, corrigiendo los errores del pasado y aplicando los criterios vigentes en la materia, más allá de protagonismos o excesos.
En principio, habrá que reconocer que las reformas hechas a la Constitución en la pasada legislatura, trastocan el espíritu democrático, vulneran la división de poderes, además de contradicciones en la designación de los integrantes del Consejo, violaciones al proceso legislativo, a la certeza jurídica y, obvio, a los derechos humanos de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana vigente. Todo ello debe servir como referente para emprender un nuevo análisis de lo que la sociedad oaxaqueña requiere a la luz de una nueva administración gubernamental que entrará en funciones justamente en un par de meses.
