Pese a las cuentas alegres que se dan a diario de la economía del país, lo cierto es que la carestía ha hecho estragos no sólo en las clases más desprotegidas sino aún en aquellas que tienen un mayor poder adquisitivo. Si bien es cierto que en el país la inflación casi llega al 9%, en Oaxaca ya rebasa el 10.31%, como lo advertimos en nuestra página principal el viernes 9 de septiembre. En efecto, la espiral inflacionaria ha llegado a niveles insospechados nunca vistos desde hace tres décadas, golpeando a las clases populares, aquellos hogares que sobreviven de milagro con el salario mínimo y poco más. Y aún con los programas clientelares que promueve el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no resuelven de fondo el tema de la pobreza.
Durante la entrega del Paquete Económico 2023 ante el Congreso federal, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reconoció que existe un incremento del 9% respecto al gasto del presente año. Sin embargo, lo que observadores de la realidad económica advirtieron es que habrá un incremento, sí, pero para los programas asistenciales. Dar dinero a adultos mayores, más recursos a becas, etc., lo que apunta no a una recuperación del poder adquisitivo de los beneficiados sino a ganar elecciones en 2024. Nada tan detestable que aprovechar la pobreza y la miseria para lucrarla con fines electorales. Bajo esa premisa y, con los efectos económicos que hoy afectan al orbe, no hay duda que en breve las necesidades apremiantes y básicas serán mayores. Esto es, la espiral inflacionaria no se detendrá afectando a los más desprotegidos.
A todo ello hay que agregar la inseguridad que vive el país, luego del fracaso de la política de “abrazos no balazos”, que ha empoderado a los grupos criminales, como es el caso de la producción de aguacate y limón en Michoacán, o los distribuidores de pollo en Guerrero, que han sido botín criminal, para controlar la cadena productiva y someter al pueblo. La escalada violenta que viven dichos estados del país se pueden reproducir en cualquier entidad, salvo que el clima de impunidad que vivimos repercute, necesariamente entre las clases más desprotegidas desde el punto de vista económico. Lo más dramático es que la salida no se ve por ningún lado. La política del gobierno federal es ponderar sus proyectos sexenales, pese a que el pueblo se muera de hambre.
El tiempo apremia
El plazo para el cierre del basurero municipal, ubicado en jurisdicción de la Villa de Zaachila, estimado para el 8 de octubre, parece ser irreversible, como lo han afirmado los dirigentes de ese racimo de colonias irregulares que se fueron asentando desde hace más de tres décadas. Es decir, se trata de paracaidistas que se adueñaron sin tener títulos de propiedad, de las inmediaciones de dicho predio que, sin más, se dejarse caer en propiedades que no eran suyas pero que ahí imponen su ley. Se sabe que algunos de ellos, coludidos con corruptos dirigentes sindicales y de organizaciones sociales, chantajistas del gobierno, cobraron sumas millonarias, cuando el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, en el remedo de gobierno de Oswaldo García Jarquín, dejó en sus manos dicha potestad, pues el edil soslayó dicha responsabilidad como muchas más.
Lo cierto es que menudo paquete tiene encima el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri que, si tiene la ciudad hecha un desastre con calles llenas de baches y hoyancos, prácticamente intransitables, ya veremos cómo resuelve la problemática de la basura, que al parecer ya rebasa sus posibilidades administrativas y de gobierno, como es el caso de los recolectores privados que han llenado de desechos los playones del Río Atoyac. En efecto, no basta con decir que es un serio problema de salud pública, cuando lo que se requiere es una decisión política para intervenir y acotar a dichos entes, apoyados por sindicatos mafiosos como les llamó el presidente López Obrador. Tampoco se trata de mandar a la Policía Municipal, tan desprestigiada y vilipendiada a rellenar los baches, que no es su responsabilidad ante la ciudadanía, que paga sus impuestos.
Algunos medios han difundido la especie de que el gobierno citadino ya tiene visto un predio para instalar el nuevo relleno sanitario y que el mismo tendrá un costo de al menos 31 millones de pesos. Empero, si partimos de la premisa de que en el edificio de la Plaza de la Danza hay una pobreza galopante, luego del boquete de 386 millones de pesos que le dejó la anterior administración que, a casi nueve meses del inicio del actual gobierno no se ha movido un dedo para fincarle responsabilidades, ya podremos entender que todo son fuegos fatuos y nada de aterrizar en la realidad. Es decir, el edil Martínez Neri tiene encima una pesada loza que tiene que sacudirse por la premura del tiempo.
