Hace cinco años, un día como hoy, los oaxaqueños amanecimos con una entidad lacerada por uno de los siniestros más graves y destructivos en la historia de México: el sismo de 8.2 grados que devastó a la región del Istmo de Tehuantepec, particularmente Juchitán de Zaragoza, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Asunción Ixtaltepec, Santa María Xadani y decenas más de poblaciones istmeñas. Esta región se convirtió en la zona cero para el arribo de ayuda humanitaria de la sociedad civil y organismos no gubernamentales, pero también del gobierno federal, en la administración de Enrique Peña Nieto que, lamentablemente, dejó aún sin atención a muchos paisanos nuestros. Juchitán devino el eje de la atención y el desfile de funcionarios federales y estatales, bajo la coordinación de la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.
Sismos posteriores de menor magnitud terminaron de echar a tierra lo poco que había quedado en pie, en lo que se refiere a viviendas, viejos edificios y templos católicos. El presidente de México que, durante mucho tiempo no había puesto un pie en la entidad fue y volvió varias veces a la zona siniestrada. Sin embargo, es importante subrayar que los programas de ayuda resultaron poco exitosos. Aún hoy en día, hay personas que dicen que jamás fueron tomadas en cuenta para el censo de damnificados, por lo que sus viviendas siguen con las huellas de la destrucción. Igual ha ocurrido con cientos de edificios escolares que, a cinco años de los siniestros, siguen esperando las bondades del Instituto Oaxaqueño de Construcción de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva (IOCIFED). Las protestas no han cesado desde entones, sin que hayan tenido una respuesta a menos de tres meses de que concluya esta administración.
Resulta paradójico que a un lustro de que nuestra entidad haya sido escenario de un siniestro de tal naturaleza y de eventos posteriores, como los sismos del mismo mes de septiembre de 2017; el de 2018, que afectó Santiago Jamiltepec y otras poblaciones de la Costa o el del 21 de junio de 2020, que devastó la Sierra Sur, hayan aún resabios que muestran la poca atención que tuvieron los afectados. Para muchos, entre ellos funcionarios de primer o segundo nivel, todo ha quedado en el olvido, sin ponerse en los zapatos de quienes perdieron todo. La lección que dicha tragedia dejó entre los oaxaqueños, es el peligro inminente que pende sobre nuestra cabeza de vivir en una entidad que registra a diario, el mayor número de sismos que ninguna otra en el país.
Atentado contra libre empresa
En 2019 se aprobó, en el seno de la LXIV Legislatura del Estado, la famosa Ley para regular los residuos sólidos, que tenía como propósito, prohibir en la entidad la venta y distribución de envases de plástico, PET, de un solo uso, en virtud de su alto grado de contaminantes al medio ambiente. La iniciativa provino del diputado Horacio Sosa Villavicencio, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que contó con la aprobación de su bancada. Pese a su aprobación la citada ley jamás se aplicó. Grandes y pequeños negocios siguieron vendiendo refrescos o agua en envases de plástico. Es decir, todo mundo hizo caso omiso de la referida ley. Cuando a los promotores de la iniciativa se les cuestionó a cerca de su inoperancia respondieron que competía a la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso) su aplicación y vigilancia. Esto es, se aprobó sin más, omitiendo las leyes reglamentarias.
Hace al menos tres semanas, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en resolución a la solicitud de amparo promovida por dos importantes empresas, dieron como fallo la anulación de la citada ley, habida cuenta que, sólo compete a dicho órgano jurisdiccional resolver en temas que competen a la salud de los mexicanos. Es decir, no es competencia de un congreso estatal legislar al respecto. Dicha acción desató una serie de protestas de algunos grupos que dicen estar a favor de la protección del medio ambiente, además, por supuesto de algunos seguidores y simpatizantes del diputado Sosa Villavicencio que fue quien, insistimos, se sacó de la manga dicha iniciativa, más por protagonismo político que por conocimiento del efecto en la salud de los oaxaqueños.
Sin embargo, ello desató la ira del referido legislador quien, en un afán contestatario y de rebeldía, hizo un llamado en la LXV Legislatura, en donde aún sigue, para que se aprobara un punto de acuerdo a fin de exhortar a los 570 municipios de la entidad a prohibir en sus jurisdicciones la venta de refrescos en envases de plástico y de comida chatarra. Hasta ahí no había problema. Pero fue más allá. A través de su hermano, Flavio, dirigente de la organización “Comuna”, mantiene cerrada, desde hace días, la empresa refresquera, Gugar, propiedad de empresarios oaxaqueños, con el burdo argumento de que consume el agua de los mantos freáticos de su comunidad. Dicha acción, que tiene como actores a presuntos s vecinos de Santa María Coyotepec, no sólo constituye una seria amenaza a la libre empresa y al clima de inversiones, sino a la ley vigente.
