Por lo visto, en Oaxaca, sindicatos y confederaciones ligadas al transporte, que han desviado sus objetivos hacia operaciones ilícitas, lo hacen investidas de una absoluta impunidad. Hace años fue la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la misma que cobraba derecho de piso, además de la entrada a territorio oaxaqueño sólo de unidades de transporte que pagaran el peaje a sus dirigentes. En el municipio de Santa Lucía del Camino –dicen fuentes informadas-, antros de vicio, bares y establecimientos legalmente establecidos de giros negros, no pagaban derechos al ayuntamiento, sino a la citada confederación. Es decir, una verdadera podredumbre y amenazas a la ley, por parte de un grupo reducido de sicarios y sus patrones. Vicios similares se dieron en los sindicatos que manejó la familia Luis Martínez, que siguieron explotando los hijos de uno de los dirigentes: Juan Luis Martínez, es decir: Erick, Juan Yahvé, Iván y Eduardo Luis Villaseca.
La irrupción violenta y nada civilizada de la hechura del ex senador suplente, Pedro Haces Barba, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) vino a enrarecer más el ambiente de impunidad y desafío a la ley. Penetró a golpes y catorrazos. Así se fue enquistando con el favor oficial como una de las confederaciones a la que se le han otorgado obras, concesiones y un poder absoluto. Todo ello, una vez que se le allanó el camino al dejar caer todo el peso de la ley a sus contrarios. Primero fue la CTM, cuyo dirigente estuvo privado de la libertad desde 2017, recientemente liberado. Y hace al menos dos meses, a sus homólogos (as) de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) y la Confederación Libertad.
Nada se ha hecho para limitar el poder de dichos sindicatos mafiosos –como les llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador-, cuestión que se ha traducido en una solapada impunidad. Sujetos con negros antecedentes penales operan redes de extorsión, cobro de derecho de piso, tráfico de indocumentados y hasta manejo de cantidades millonarias de efectivo, sin poder comprobar su origen. El catálogo de muertos y heridos que la disputa por la plaza entre dichos sindicatos mafiosos ha dejado, es impresionante, porque nadie ha tenido los cojones para acotarlos o hacerlos entrar en el entorno de la legalidad. Tarea pendiente para el gobernador electo, Salomón Jara Cruz, que inicia su gestión el próximo mes de diciembre.
Monumentos bajo acecho
Hablar del rico patrimonio monumental que nos legaron en la capital nuestros ancestros, no es algo ocioso. Existe, aunque los organismos que se asumen vigilantes de la ley lo quieran ignorar, una escalada permanente de agresión, destrucción y de pasar por alto la normatividad vigente. Hace unos días hicimos referencia a la destrucción de un muro de cantera ubicado sobre la calle de García Vigil, en las obras de construcción del llamado Centro Gastronómico. Dicha acción, que fue videograbada por ciudadanos preocupados, fue hecha al amparo de la oscuridad. ¿Era necesario demoler un muro histórico para darle vida al citado centro? Es evidente que se hizo con dolo o para responder a un proyecto arquitectónico que, seguramente no contempló que se estaba en terreno minado, parte de un patrimonio bajo resguardo de la Ley de Zonas Arqueológica y Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que misteriosamente ha guardado silencio.
La semana pasada fue un escándalo en las redes sociales, la elaboración de un mural en un espacio de la escalera que conduce a la planta alta del edificio de la Plaza de la Danza, ocupado por el gobierno de la ciudad. La obra habría sido iniciada sin los permisos correspondientes por un artista hindú, lo cual desató una seria discusión entre los concejales, habida cuenta de que los mismos no fueron informados de la obra en cuestión y en ausencia del presidente de la capital, Francisco Martínez Neri. Se trata de un inmueble catalogado como histórico que, para poder intervenirlo de cualquier manera, debería haber de por medio autorización del INAH. A la fecha no se ha dado una explicación satisfactoria al respecto. Todo se ha diluido en sospechas y demás.
Un paseo por el Centro Histórico dará cuenta de la transformación que el corazón de la capital ha sufrido en los últimos años, brincándose la regulación existente y, mucho más, la ley vigente en materia de sitios y monumentos. En efecto, hoy en día hay que observar la fiebre que existe para la construcción de terrazas en casonas catalogadas como bienes históricos. Para los propietarios representan jugosas ganancias, habida cuenta que la renta está por los cielos y sólo la pueden pagar aquellos que explotan a placer el negocio, como es el caso de la proliferación de antros y cantinas que, como efecto colateral, han roto la tranquilidad de ese espacio urbano. A pesar de las denuncias ciudadanas y de los mismos vecinos, el gobierno municipal sigue postergando emprender acciones enérgicas al respecto.
