En el tema de la inseguridad que se vive en el estado, hemos sido muy contantes en este espacio editorial. Y no nos hace falta razón. Porque tal parece que en el gobierno de Alejandro Murat no se acaba de entender que, lo que se ha vivido en los últimos días en materia de homicidios dolosos y ejecuciones, es preocupante. Hace unos días, se difundió un boletín de prensa en el cual la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Dalia Baños Noyola afirmaba que Oaxaca estaba ya en el noveno lugar de las entidades más seguras del país, como si fuera en respuesta a los datos y cifras que ha publicado EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, respecto a los homicidios que se han registrado y las mismas mediciones que al respecto ha hecho el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Y qué bueno que la base de datos de dicha entidad gubernamental da la pauta para evitar echar las campanas al vuelo con el viejo mito del estado seguro, pues sólo entre miércoles 24 y jueves 25 de agosto, Oaxaca registró 16 ejecuciones. Sólo el primer día se anotaron 7 casos en diversas partes de la entidad. Ello implica que, para nada, se puede seguir pregonando una situación que si algún día lo fue, hoy las cosas han cambiado. En columnas periodísticas, medios electrónicos y digitales, la información que fluye a diario da a conocer hechos delictivos y criminales. Ya no se puede ocultar el sol con un dedo. Es necesario dejar atrás esas falsas expectativas y querer sorprender con discursos fatuos la buena fe de la ciudadanía que así, literal, tiene otros datos respecto al mapa criminal de la entidad.
Estamos ciertos de que muy poco se puede hacer ya en la actual administración y que la tarea de enmendar la plana y corregir errores debe provenir del gobierno que se estrenará el primero de diciembre. Sin embargo, justamente por lo que este rubro representa para la sociedad en general, el gobernador electo, Salomón Jara Cruz, debe buscar el perfil idóneo para que ocupe un cargo de tal responsabilidad: la Secretaría de Seguridad Pública. Por lo pronto, que quede claro que el viejo mito de la entidad segura ha estado rebasado por los hechos criminales que han segado muchas vidas. Las operaciones de los grupos criminales son un hecho irrebatible, como en la mayor parte del país, no reconocerlo es torpeza o necedad.
¿Regreso escalonado?
Si existe un sector que ha acumulado durante muchos años todos los vicios de una burocracia vividora y cínica, ése es el magisterio afiliado a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Esta introducción tiene que ver con lo que abordamos el pasado lunes 29 de agosto, día en que todo el sector educativo debía volver a clases presenciales, luego de dos años y medio de la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, pese a ese larguísimo período sin cumplir de todo sus responsabilidades docentes o administrativas, existe aún un sector que persiste en su empeño de no retornar al aula escolar y presume hacerlo de manera escalonada. Esto es, ya se acostumbraron a la vagancia, la irresponsabilidad, al desapego de la tarea que se les ha encomendado y por la cual reciben un pago quincenal que proviene de nuestros impuestos.
Si bien es cierto que durante los últimos cuatro años, los dirigentes del llamado Cártel 22 han vivido una especie de luna de miel con el gobierno de Alejandro Murat, ben harían las autoridades representadas por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) en exigir que cumplan. En el mapa nacional, Oaxaca es una de las entidades del país que arrastran un mayor rezago educativo. Y cómo no. Desde 1980, hace 42 años que nació el llamado Movimiento Democrático de los Trabajadores del Estado de Oaxaca (MDTEO), ciclos escolares completos se han perdido por la perpetua movilización magisterial: paros, marchas, bloqueos y plantones son el pan de todos los días, mientras los centros escolares se mantienen cerrados. El rezago educativo no es culpa de la pobreza en que viven importantes sectores oaxaqueños, sino por la persistente politización e ideologización de los maestros.
Y el peligro que esto continúe en perjuicio de más de un millón, trescientos mil educandos de los diversos niveles educativos, más o menos, persiste, si el gobierno entrante les sigue solapando estas conductas perniciosas e irresponsabilidad. Una vez que la emergencia sanitaria ha aminorado por la reducción de contagios y muertes, nada justifica que sectores o grupos magisteriales nos vengan con su regreso escalonado. Este argumento lo han venido manejando ciertos personajes que, con el mismo pretenden montarse en la nueva estructura seccional en el nuevo comité, cuya elección se tiene prevista para el mes de septiembre, manipulan a los renuentes.
