El decreto, que pretendía que los comunicadores dieran a conocer si lo que dictan es una opinión o información, era calificada por algunos expertos como una suerte de ‘Ley Mordaza’.
Al respecto, Federico González Luna, director general de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica, explicó las razones de la resolución de la SCJN en materia de derechos de las audiencias.
“En el procedimiento legislativo, mediante el cual se aprobó ese decreto, hubo violaciones que impidieron que las minoría pudieran participar debidamente”, expuso en entrevista con Darío Celis en el programa Tiempo de Negocio de El Heraldo Media Group.
El experto señaló que en su momento no fueron escuchados a grupos minoritarios como personas discapacitadas, indígenas, así como a estaciones de radio y televisión comerciales, públicas y sociales.
“Ahora, en los próximos meses tendrá una discusión el Congreso sobre este tema más abierta y más incluyente. Lo Importante es que queda abierta la posibilidad para hacer la ley en términos más convenientes”, anotó.
Indicó que los legisladores tendrán seis meses para poder reformar esta legislación. “Yo creo que es un plazo suficiente para que el Congreso trabaje”, mencionó.
El 14 de diciembre de 2017, mientras el país entero tiene la vista puesta en el Senado y la controvertida Ley de Seguridad Interior, en San Lázaro la Comisión Permanente aprobó su versión tropicalizada de la polémica “ley mordaza” que ya opera en España desde 2015.
En medio de las protestas contra la militarización, de manera muy discreta y perdido en otra veintena de tuits sobre leyes menos relevantes, el grupo parlamentario del PRI notificó la aprobación de una reforma al Código Civil Federal que tipifica como ilícito “la comunicación, a través de cualquier medio, de un hecho cierto o falso que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien”.
