Esta semana tuvimos que lamentar un nuevo crimen que enlutó otra vez al periodismo mexicano. El compañero Fredid Román Román fue asesinado en Chilpancingo, Guerrero. El fallecido fue columnista del noticiero en línea La Realidad de Guerrero y fue asesinado el pasado 22 de agosto en la tarde dentro de su vehículo. Sujetos que se movilizaban en una motocicleta le dispararon y se dieron a la fuga. Horas antes de su asesinato publicó en Facebook su última columna, “Crimen de Estado sin culpar al jefe”, sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014. Diversos organismos nacionales e internacionales siguen ubicando a México como el país más peligroso para el ejercicio del periodismo, sin que el gobierno disponga de las acciones pertinentes para contrarrestar este flagelo que atenta de manera cotidiana contra la libertad de expresión.
Desde su sede de Miami, Florida, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), volvió a condenar el asesinato, con la exigencia al gobierno de México y al de Guerrero, no dejar impune este atentado. Sin embargo, como lo hemos visto a lo largo de los casi 4 años que lleva en el poder la llamada Cuarta Transformación, el odio y la descalificación; las diatribas y los denuestos en contra de medios y comunicadores se estimulan desde el ex Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, en las conocidas mañaneras. Jamás el país fue testigo de una escalada constante y permanente en contra de la libertad de expresión como la que hemos visto en los últimos años. Ello ha dado motivos y armas a la delincuencia y bandas criminales, para cebarse de manera cobarde en contra de los periodistas.
Para la SIP, ha sido este año el más violento para la prensa mexicana desde 1987, cuando comenzó a registrar los asesinatos contra periodistas. En lo que va del año han sido asesinados 18 periodistas y trabajadores de medios de comunicación: Fredid Román, Ernesto Méndez, Antonio de la Cruz, Sheila Johana García Olivera, Yessenia Mollinedo Falconi, Luis Enrique Ramírez, Armando Linares, Juan Carlos Muñiz, Jorge Camero, Heber López Vásquez, Roberto Toledo, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa. También el equipo de Switch 105.9 FM, de Ciudad Juárez, Allan González, locutor; Lino Flores, del área de Promociones; Armando Guerrero, gerente de Operaciones, y Alex Arriaga, guardaespaldas. La SIP concedió de forma póstuma su Gran Premio a la Libertad de Prensa 2022 a las y los periodistas caídos en el ejercicio de su profesión en México desde octubre de 2021.
Victimización y chantaje
Existe en Oaxaca una tendencia perversa y cínica de aprovecharse de las desgracias personales, ya sea de la muerte de alguna persona o de las lesiones para aprovecharla, tomarla como bandera e instrumento de extorsión al gobierno. Ahí tenemos el caso del Frente Popular Revolucionario (FPR) que, desde agosto de 2020, cuando fue asesinado en la comunidad de Ánimas Trujano, su dirigente regional en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Tomás José Martínez Pinacho, trae al difunto como una bandera para bloquear calles, cruceros, carreteras u oficinas públicas. La Fiscalía General del Estado (FGEO) ha detenido a tres personas presuntamente involucradas con estos hechos. Sin embargo, en contra del proceso que se les sigue a los presuntos, para los dirigentes del FPR, hay que aprovechar a la víctima para sacarle recursos al gobierno y tener al fallecido como una bandera permanente de victimización.
En otro sentido, pero no por ello menos grave y doloroso fue el viraje que tomó el caso de la joven María Elena Ríos Ortiz, la saxofonista que padeció un atentado con ácido que le generó quemaduras en cara y cuerpo. Los hechos ocurridos en Huajuapan de León en septiembre de 2019, fueron de gran impacto mediático y, sobre todo político, habida cuenta de que el principal y presunto responsable habría sido la pareja sentimental de la víctima, empresario y ex diputado local por el PRI. El tema ha sido un fenómeno mediático nacional. Los dos autores materiales fueron detenidos por las autoridades. Uno de ellos murió a consecuencia de añejos problemas de salud. Hay dos en prisión, incluyendo a quien se presume era el amante.
Sin embargo, en las altas esferas gubernamentales se menciona una exigencia económica por 80 millones de pesos, de parte de la víctima. Eso ha sido –se dice- el quid de sus recientes protestas, tanto en la pasada emisión de La Guelaguetza, como la invitación en sus redes sociales de acudir a boicotear el evento de Mercedes Benz Fashion Week, que se celebró recientemente en la capital. El pasado miércoles, en un comunicado, el gobierno de Alejandro Murat da cuenta del apoyo que le ha brindado a ella y su familia: atención médica, psicológica y psiquiátrica en el ámbito privado, así como su ingreso al Instituto Nacional de Rehabilitación. Dice haber erogado 2 millones 692 mil 263 pesos, los cuales se encuentran documentados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de gastos por intervenciones quirúrgicas y dermatológicas.
