Oaxaca, como ya lo hemos comentado en este mismo espacio editorial, vive momentos delicados en torno a la inseguridad. A diario, medios impresos, electrónicos y digitales dan cuenta de homicidios, secuestros y otros ilícitos. La delincuencia no respeta a nadie. Lo hemos visto en acontecimientos en otras entidades del país, en donde se ha atacado a la sociedad civil, emulando al terrorismo de grupos radicales del Medio Oriente. Sin embargo, como desde el inicio de la actual administración federal, el presidente tiene en la boca la trillada justificación: son los medios, los neoliberales y conservadores los que atentan contra el gran proyecto de transformación. Ninguna respuesta seria, digna de un estadista, de un Jefe de Estado, sino de alguien que a poco más de dos años de concluir su gestión sigue responsabilizando al pasado.
Lo anterior viene a cuento por la declaración que el gobernador Alejandro Murat dio a un medio impreso de la capital del país, en el sentido de que al país le hace falta un nuevo sistema de justicia penal, que endurezca las penas y que con sólo la presunción de que alguien es delincuente o una denuncia de la víctima, pueda ser objeto de acción punitiva. Es decir, poner en tela de juicio la presunción de inocencia y todo aquello que hoy mismo contemplan los códigos de procedimientos penales estatal y federal. No se trata, desde luego, de una declaración descabellada, habida cuenta de lo que estamos viviendo en el país, sino de una propuesta que, lamentablemente no se pudo poner en marcha en Oaxaca para detener la espiral de inseguridad que ha seguido lacerando a la sociedad.
Sin duda alguna pues, muchos oaxaqueños lamentamos que ello ocurra a estas alturas y no fuera en años previos. Es posible que nos hubiéramos ahorrado muchos sinsabores y preocupaciones, pues el mapa criminal que vive la entidad es preocupante. Y no se trata de equipararnos a otras entidades del país en donde se vive casi una situación de excepción, sino de valorar sin maquillaje lo que pasa en Oaxaca en materia de delincuencia común y organizada. Es innegable que aquí las operaciones de grupos criminales están a la orden del día y que, en efecto, hacen falta medidas más severas para castigar a los que transgreden la ley y vulneran el clima de paz y gobernabilidad, lamentablemente ese propósito choca con la política instrumentada a nivel federal: “abrazos, no balazos”.
Carestía imparable
Podrían argumentarse una y mil razones: la crisis mundial, la guerra Rusia-Ucrania u otros, lo cierto es que en México y, en consecuencia en Oaxaca, vivimos una espiral inflacionaria nunca vista desde hace al menos dos o tres décadas. Si en el país la inflación supera el 8.7%, en nuestra entidad la padecemos arriba del 10% o más. Para miles de familias ya es imposible surtir la canasta básica con el escaso salario del padre o madre. La carne y el huevo se han vuelto prácticamente prohibitivos para la mayoría de la población. El pollo y las verduras han registrado niveles nunca vistos de incremento en los precios. Y no digamos de las frutas que siguen prohibidas para las mayorías. Un día el cliente va al mercado o a la tienda y ve unos precios; a la semana siguiente, se advierte ya el incremento. La escalada inflacionaria pues, está incontenible.
Los efectos de esta crisis en la población apenas se están viviendo. Hay más carencias, más pobreza y necesidad, imposibles de paliar con los apoyos de los programas sociales del gobierno federal que, como ya hemos comentado, no han sido parejos ni generalizados sino arbitrariamente parciales. Todo ello también tiene consecuencias en la inseguridad, traducida en robos, asaltos, extorsiones o secuestros. Esta situación se ha recrudecido con un inminente regreso a clases presenciales. Los alumnos de universidades e instituciones de educación superior y aún de enseñanza media que no asisten al sistema educativo oficial, tienen que adquirir útiles escolares, libros, uniformes. El pago de colegiaturas sigue al alza, sin que las autoridades educativas pongan un freno a las escuelas particulares.
El alza en el precio de la gasolina, del gas doméstico y otros insumos, ha llevado a muchos hogares a reducir al mínimo su consumo. No hay que olvidar que la ciudad de Oaxaca y algunas poblaciones como Santo Domingo Tehuantepec han sido consideradas como las más caras del país. Comer en algún restaurante o en una fonda prácticamente es lo mismo, porque son igual de caros. Esto es, el famoso salario mínimo de que tanto se ufana el gobierno federal simplemente ya no alcanza para sostener un hogar de no más de cinco elementos. Lo grave es que, al menos en la actual administración, no veremos la luz al final del túnel, empeñado como está el presidente de la República en seguir financiando con nuestra pobreza, sus grandes y multimillonarios proyectos sexenales.
