Desde antes del período vacacional de julio, en redes sociales se han difundido denuncias en contra de presuntos actos de corrupción en el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, que preside Francisco Martínez Neri, edil emanado de las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Una de dichas denuncias fue en contra de la Síndica Primera, Nancy Belem Mota Figueroa, a quien se atribuye enviar a su asesora, Patricia Jiménez, a cobrar quincenalmente una “cuota voluntaria” de mil pesos, a los trabajadores del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), según la concejal, para apoyar a quienes militan en Morena y trabajaron para el proyecto del hoy edil, pero no pudieron encontrar empleo. Se trata, desde luego, de un abierto acto de extorsión a quienes con su propio esfuerzo laboran en dicha área municipal. La aludida lo ha negado, con el argumento de que era cosa juzgada.
Otra de las denuncias fue en contra de la titular de la Regiduría de Equidad de Género y Ciudad Educadora, Deyanira Altamirano Gómez, a quien se señala como presunta responsable de haberse embolsado la nada despreciable suma de 790 mil pesos, obtenida de cuotas extraordinarias o adicionales a los artesanos que participaron en la pasada temporada vacacional. Se dice que dichos recursos no habrían ingresado a la Tesorería Municipal. Según trascendió la semana pasada, la Contraloría Interna del ayuntamiento capitalino, luego de recibir la información de su área de quejas y denuncias, habria abierto dos carpetas de investigación a fin de fincar responsabilidades en caso de encontrar evidencias de los actos que se han denunciado. Caso contrario, sería el Tribunal de Justicia Administrativa quien haga lo pertienente.
Esta medida enérgica del gobierno de la ciudad se ha visto con simpatía, habida cuenta que la corrupción no sólo se da cuando los funcionarios o concejales abusan de su cargo para obtener dinero sino, asimismo, también porque van en contra de la cruzada que el partido Morena, trae como bandera. Sin embargo, hay otras formas en las que se obtienen ganancias ilicitas, como es la labor de los inspectores del comercio en la vía pública, quienes son señalados a menudo por humildes vendedores, de exigirles cuotas y fuertes sumas de dinero para permitirles expender sus productos. En ese supuesto están quienes venden tortas, tacos, pan, artesanías, etc., no sólo en el Centro Histórico sino en otras colonias y plazas de la capital. A esos malos servidores hay que medirlos con el mismo rasero.
Exhibidos por inseguridad
Es un hecho que, de los cuatro titulares que han pasado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO): José Raymundo Tuñón Jáuregui, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, Heliodoro Díaz Escárraga y, finalmente, la señora Dalia Baños Noyola, no se ha hecho ninguno (a). Y el teatro de que Oaxaca es una de las entidades más seguras del país, que ha sido un mito repetido desde hace al menos cinco administraciones, se les cayó cuando el presidente López Obrador presentó en su sofocante mañanera del pasado 15 de agosto, una imagen de los estados del país que se habían perfilado como los más violentos el fin de semana anterior, en donde apareció Oaxaca en cuarto lugar. Y fue más lejos. Mostró que en menos de 72 horas se habían cometido 13 homicidios. Ello ocurrió a escasos días de que la titular de la SSPO había afirmado que la estadísticas de homicidios dolosos en la entidad habían descendido.
Lo anterior confirma algo que siempre hemos dicho en este espacio editorial: nuestro estado dista mucho de ser seguro. Por ejemplo, las ejecuciones perpetradas por presuntos grupos criminales han seguido en diversas regiones del estado. Las operaciones de los mismos han continuado. Por ejemplo, algunas fuentes revelaron que sicarios y criminales se pasean impunemente por la capital y algunas comunidades. La semana anterior circuló en redes sociales la especie de que, durante una fiesta patronal en la comunidad de San Lorenzo Cacaotepec, llegaron armados y con una caravana de vehículos, conocidos pájaros de cuenta, con evidentes antecedentes criminales, pero protegidos por una confederación del transporte. En dichos sindicatos se han acogido muchos delincuentes. Con justa razón sus dirigentes andan armados y escoltados por camionetas blindadas y sujetos portando armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Pero son intocables.
Se entiende que estamos ya en el ocaso de la actual administración y que nada cambiará en tres meses. Sin embargo, todo ello debe servir de lección al equipo que se prepara para gobernar. La seguridad pública no es un juego de párvulos ni, mucho menos, un artificio del que hay que responsabilizar a cualquier inexperto o novato, sino que es tarea para personas que tengan la formación, capacidad y experiencia para el desempeño de tan delicada tarea. Lo que ha ocurrido en este gobierno demuestra que traer fuereños para dicha tarea es un fracaso.
