El secuestro y la resistencia al mismo que derivó en la muerte del empresario oaxaqueño, Adalberto Castillo, cuyo cuerpo semi-enterrado fue descubierto el pasado 10 de agosto en un paraje del Libramiento a Ocotlán de Morelos, en tanto que su unidad fue ubicada en jurisdicción de Miahuatlán de Porfirio Díaz, ha puesto al descubierto las operaciones delictivas de un grupo criminal en la primera comunidad de los Valles Centrales. Si bien es cierto que, hasta el momento las autoridades de procuración de justicia aún proceden a las investigaciones para esclarecer este crimen, como otros más que han ocurrido en los últimos días, es importante subrayar que casos como éste confirman lo que tanto hemos repetido en este espacio editorial, notas y columnas de EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca: nuestra entidad se está acercando peligrosamente a los niveles de violencia que se viven en otras entidades del país.
No es fortuito pues, que sigamos insistiendo en que Oaxaca está muy lejos de ser de las más seguras del país de los discursos oficiales. Dicho argumento es sólo un ardid. Hace poco más de una semana publicamos información oficial que da cuenta de que, en el primer semestre de 2022, han ocurrido en Oaxaca 310 asesinatos, perpetrados con armas de fuego. De ellos, según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 169 han tenido como móvil acciones de grupos criminales. En efecto, sólo en los primeros días de esta semana ocurrieron al menos cuatro que podrían ser ubicados en ese supuesto, como es el caso de un joven de 23 años de edad, cuyo cadáver atado de manos y pies, fue localizado en el Libramiento de Ejutla de Crespo o dos empleados de conocido negocio de cable e internet, que fueron acribillados sin más, en el Poblado Morelos, perteneciente a la Villa de Etla.
El asesinato del empresario citado en el primer párrafo ha encendido las luces de alerta entre los círculos empresariales y sociales de la capital oaxaqueña. Preocupa el clima de inseguridad que se vive y lo poco que hacen las autoridades. Hace al menos un mes fue privado de la vida un joven, cuyo padre notario público, resultó posteriormente sólo con heridas de un ataque armado. Está vigente en la entidad el escándalo de despojo de propiedades y hasta de identidad, por parte de un grupo de fedatarios públicos y funcionarios, que operan como célula criminal. Sin embargo, tal parece que aquí no pasa nada y que todos en el gobierno se lavan las manos como Pilatos.
Recuperar Centro Histórico
Si en realidad el gobernador electo Salomón Jara tiene el propósito de devolverle a los oaxaqueños su capital; el orgulloso Patrimonio de la Humanidad, distinción que le otorgó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 1987, debe empezar por echar abajo las medidas cautelares con las que se protege un pequeño grupo de indígenas triquis, que desde hace 12 años se apropiaron de los pasillos del palacio de gobierno. Se trata de no más de 20 personas que, desde el 2010 se asumieron desplazados y solicitaron, a través de asesores y grupos que los manejan, la protección del gobierno, una vez que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Comisión Nacional (CNDH), les otorgaron las referidas medidas cautelares, con las que han lucrado para recibir no sólo dádivas económicas, sino incluso lucrar con el espacio del que se han apropiado de manera ilegal.
La imagen que dan a la capital política del estado es deprimente. Desde hace dos sexenios se les ha dejado hacer y dejado pasar. Ahí instalaron un tianguis, un mercado artesanal, cocina, hotel de paso y comedor. Hay evidencias de que sub-arriendan los espacios a otros comerciantes. Además, cada festejo como la ceremonia de “El Grito”, el 15 de septiembre o “La Noche de Rábanos”, el 23 de diciembre, hay que negociar con los dirigentes a cambio de fuertes sumas de dinero, a fin de que desalojen dicho espacio. Es pues, el gran negocio de los supuestos desplazados, que insisten en pervivir de la dádiva gubernamental, lo mismo en Oaxaca que en la Ciudad de México u otros estados en donde materialmente “se han dejado caer”.
Grupos civiles, colegios de profesionistas, amantes de nuestra identidad citadina, entre otros, han insistido en la solución inmediata de esta apropiación ilícita, pero han topado con pared. Dos sexenios han pasado: el de Gabino Cué y a punto de terminar el de Alejandro Murat, sin que se haya movido un solo dedo para recuperar ese espacio de nuestro Centro Histórico. Especialistas en estos temas afirman que nada justifica que un grupo minoritario, enarbolando tener medidas cautelares, se asuma intocable y lucre con el patrimonio de los oaxaqueños. Si bien es cierto que nada podemos esperar de la actual administración, este tema debe estar en la agenda del gobierno que entrará en funciones. Los oaxaqueños esperan una respuesta.
