En el entorno oaxaqueño, hay un grave ambiente de impunidad. Si bien es cierto que, a diferencia de otras entidades del país, en donde líderes criminales se pasean con aparatosas escoltas y sicarios armados, aquí en Oaxaca tenemos a ciertos dirigentes de sindicatos y confederaciones vinculados con el transporte. Van y vienen impunemente, armados, rodeados de guarros y hasta en camionetas blindadas. La pregunta es: ¿Y quién les ha dado esa potestad, que constituye un delito para cualquier ciudadano? El gobierno. Se trata de poderes fácticos que, bajo la sombra de un sindicalismo violento, lo mismo controlan el transporte, que el comercio informal y hasta otros rubros menos lícitos. Hace tiempo se sabía que bares y antros en Santa Lucía del Camino –pero no es el único caso- no pagaban impuestos al gobierno municipal, sino a una confederación obrera.
¿Hay alguna diferencia con los grupos criminales? Obviamente no. El tema no es nada nuevo. Ya se vio hace unas semanas cuando un dirigente fue herido; al día siguiente fue el del sindicato adversario a quererlo rematar en conocido hospital. Es decir, las armas y la violencia, por las rutas de taxis y mototaxis; por el transporte de materiales pétreos o simplemente por el control de las obras que se llevan a cabo, salen a relucir. En lo que va de este gobierno, los conatos de violencia y asesinatos, suman decenas. Estamos de acuerdo que, la política de diálogo y más diálogo haya atado de manos a este régimen para aplicar la ley y meter a la fuerza pública, algo que nunca ha ocurrido a la fecha, pero de ahí a solapar que sujetos se paseen por las calles, usando armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, eso es desfachatez o pusilanimidad. Más aún, si pretenden protegerse con el ardid de una representación sindical.
Porque nada más les aplican la ley; los detienen o privan de la libertad, de inmediato sueltan a sus esbirros y el infierno de bloqueos cobra las afrentas a una ciudadanía inerme. Decenas de bloqueos a concurridos cruceros y carreteras hubo la semana pasada para exigir la libertad de la dirigente de la Confederación Libertad de Trabajadores, luego de ser de detenida por presunta portación de arma de fuego. Por ahí debería empezar nuestro Instituto Armado para realizar su programa de canje de armas. Nada, absolutamente nada justifica que haya personas que, amparadas en dichos sindicatos, se paseen por las calles violando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Urge privatización
Desde hace años –y ello no es un secreto- el tiradero de basura que se ubica en jurisdicción de la Villa de Zaachila, en donde depositan sus desechos sólidos al menos 25 municipios de los Valles Centrales, rebasó su capacidad. Es decir, el predio está imposibilitado para recibir más basura. A partir de la semana anterior, sólo 5 municipios podrían seguirlo utilizando, entre ellos, la capital oaxaqueña. ¿Y el resto? Seguramente tendrán que vérselas como puedan. Recoger los desechos sólidos que se generan en sus propias jurisdicciones y, seguramente, buscar un lugar en donde depositarlos. Obvio, se anticipa una severa crisis sanitaria. Nada sencillo adquirir y habilitar un predio, además del manejo del mismo y la contaminación ambiental que genera en el entorno municipal y regional.
Intentos por construir otro relleno sanitario los ha habido. Todos han fracasado. Es decir, en los diversos niveles de gobierno el asunto se percibe de manera superficial. Es la basura. Pero no en la visión de un serio asunto de salud pública. En pocas palabras, ni los gobiernos estatales ni municipales lo han tenido como una prioridad. Sólo se acuerdan de esa necesidad cuando hay problemas. Por ejemplo, el actual tiradero es un eje de presión política. Agencias y colonias lo utilizan como moneda de cambio cuando exigen atención de las autoridades. Y éstas ceden cuando ven que calles, parques, mercados públicos y demás, que convierten a la capital oaxaqueña en una zahúrda. Es decir, los dirigentes saben cómo utilizar el tema del manejo de la basura, de manera dolosa y chantajista.
Eso debe terminarse. Al menos el municipio de Oaxaca de Juárez debe buscar alternativas. Los ciudadanos pagamos la recolección de desechos. Sin embargo, se entiende, el gobierno local no cuenta con los recursos para una obra de tal envergadura. Es un secreto a voces que arrastra un boquete financiero. Pero existen alternativas. Así como ha entregado en comodato a una fundación espacios culturales, ¿por qué no explorar la privatización del manejo de la basura? Sin duda no es un tema fácil. Líderes de los cuatro o cinco sindicatos que existen en el municipio capitalino seguramente pegarán de brincos. Muchos intereses creados. Empero, un buen proyecto puede ser benéfico para todos. Muchas ciudades en el país tienen el esquema privado para el manejo de desechos sólidos. Es más, de éstos se generan verdaderas industrias. Si vehículos recolectores y patrullas se rentan hoy en día en sumas millonarias y nadie se rasgó las vestiduras, ¿en qué puede afectar la privatización?
