La respuesta de la Iglesia Católica a las ofensas, descalificaciones y agravios del presidente de México, ante la protesta en relación al homicidio de dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, ha sido demoledora, aunque inclinada a pedir por la paz y cese a la violencia en el país. En efecto, cada misa o rosario, encuentro o labor pastoral, luego del llamado de la Conferencia del Episcopado Mexicano a los sacerdotes, es el momento idóneo para recordar a los ministros de culto asesinados; a los periodistas ejecutados y a los más de 122 mil mexicanos, hombres y mujeres que día a día han sucumbido por parte de grupos armados o sicarios de los grupos criminales. Los mismos que estén o no en las redes de los mismos, incluyendo niños y niñas han muerto de manera violenta en la flor de la vida; los que han sido fusilados; incinerados o simplemente desaparecidos.
El domingo 10 de julio, en su homilía en la parroquia de Santo Tomás Ixtlán, a donde acudió a presentar al nuevo párroco, el arzobispo de Antequera, Pedro Vásquez Villalobos, hizo un llamado enérgico a la paz. Fiel a su doctrina de no confrontarse con el poder civil, la Iglesia Católica ha incidido en la ciudadanía proclive a su doctrina, la urgencia de que el gobierno, como representante del Estado Mexicano y garante de la gobernabilidad y la paz social, termine con este baño de sangre que sigue lacerando a tantas familias en el país. Es inexplicable que en menos de 4 años del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, haya al menos 122 mil mexicanos fallecidos como resultado de la violencia, superando con mucho a los que hubo en sexenios completos anteriores.
Hoy que los habitantes de la capital oaxaqueña celebramos a uno de nuestros íconos religiosos más venerados por las familias locales, la Virgen del Carmen, habrá que estar atentos al mensaje del ministro religioso. Amén del entorno festivo que esta celebración trae consigo, como es la feria, los juegos mecánicos, la venta de antojitos, los juegos pirotécnicos, etc., hay que reflexionar que entre la comunidad religiosa existe una gran indignación, coraje e impotencia, por la ominosa realidad de violencia que vivimos en México, en donde las mafias criminales ya no respetan la vida de nadie, gracias a una errática política gubernamental o a una sospechosa connivencia. México se desangra cada vez más, ante la pasividad y demagogia de un régimen que no acierta a decir más que mentiras.
Delincuentes e impunes
La nula vigencia de la ley y la impunidad con la que se conducen dirigentes y personeros de organizaciones y sindicatos en el país, sobre todo en Oaxaca, ha hecho de que cualquiera pretenda ubicarse en otro estatuto y por encima de la norma. En el mismo esquema en que se conducen los grupos delictivos en otras partes del país, cuando uno de sus cabecillas es detenido, de la misma manera actúan aquellos (as) que manipulan a grupos y organizaciones sociales. Un caso. Según trascendió en redes sociales, el pasado martes 12 de julio, la dirigente estatal de la casi extinta Confederación Libertad de Trabajadores, Guadalupe Díaz Pantoja, habría sido detenida cuando al frente de sujetos armados arribó a una obra en construcción en Santa Lucía del Camino, para exigir le otorgaran el contrato a su organización. Es decir, de manera violenta, tal cual operan y han operado en los últimos años.
En principio, la autoridad policial actuó conforme a derecho. Ninguna diferencia hay entre un grupo de sicarios del crimen organizado que transitan armados, a los supuestos guardaespaldas de dirigentes sindicales. Se trata de un delito federal y en contra de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, portar armas sin el permiso correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Más grave es el asunto, cuando las referidas armas son de calibres mayores a .380 mm, es decir, cuando son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Con todo derecho las corporaciones deben detener a quien violente la ley, sea quien fuera al que protejan o cuidan. El tema de los guaruras es muy común entre los delincuentes disfrazados de dirigentes, particularmente en el transporte, en donde se han dado hechos criminales graves en los últimos tiempos.
Pues bien, la reacción de la lideresa y sus esbirros en torno a su detención fue desplegar bloqueos para presionar a las autoridades a liberarla. Es decir, no sólo se cogen la razón sino que, además, hacen gala de la impunidad que, desgraciadamente, el mismo gobierno les ha permitido. En la tarde del mismo martes, la capital oaxaqueña fue sitiada por al menos una decena de bloqueos, en una burda expresión de chantaje, presión y manipulación. Es decir, una vez más la ciudadanía inerme tuvo que pagar los platos rotos por la detención de una persona que actúa como delincuente y que las autoridades se lo han permitido para que no meta ruido a la “gobernabilidad”.
