Gobiernos estatales van y gobiernos vienen y ninguno, al menos desde los años 70 del Siglo XX, ha tenido la habilidad, respetando la llamada autonomía, de reencausar la vida académica de la Universidad “Benito Juárez” de Oaxaca. Prestigiados profesionistas, empresarios, comerciantes exitosos y otros, que abrevaron en sus aulas ven con tristeza el nivel de degradación a que ha llegado nuestra Máxima Casa de Estudios, antes un referente a nivel nacional. La UABJO –y lo hemos comentado en este espacio editorial- debe refundarse. Es necesario tirar el lastre de sindicatos, cacicazgos, clanes familiares y porros, para reencontrar la hebra de la academia, la docencia y la investigación. ¿Cómo se explica que haya venta de espacios? ¿Que haya quienes jamás estuvieron en las aulas, ostenten hoy títulos universitarios, gracias a la corrupción que permea entre sindicatos, organismos y grupos caciquiles?
Hace al menos diez días fueron tomadas las instalaciones de Ciudad Universitaria. Resulta que quien fue designado director de la Facultad de Contaduría y Administración, por el consejo interno formado por maestros y alumnos, fue desconocido sin más, con la anuencia o más bien la complicidad de la Rectoría. Y se fabricó un consejo ficticio, igual que el que nombró al rector, para designar a otro directivo, que sí convenía a los intereses de los grupos caciquiles. Obvio, esta farsa no cuajó. Es decir, se vulneran los derechos de los propios universitarios en pos de seguir manteniendo a la institución bajo el yugo de intereses personales, de grupo y en permanente desestabilización. La toma de Ciudad Universitaria trajo consigo la suspensión de los exámenes presenciales de cientos o miles de aspirantes de nuevo ingreso, que encontraron las puertas universitarias cerradas y con el clásico “disculpen, manténgase en contacto”.
En sentido contrario, sumergidos los mandos en grillas baratas y desestabilización, han soslayado cuestiones importantes, como actualizar los programas para los exámenes en línea. Muchos jóvenes a los que se impuso esta modalidad, dejaron la semana pasada a medias sus exámenes, los reiniciaron o no concluyeron, porque las plataformas no operaron. Una razón de más para decir que en la UABJO, los caminos del atraso y el rezago están marcados. Ojalá que el gobierno de Salomón Jara tome nota de esta realidad tan lamentable.
Migración y otros ilícitos
La tragedia de los 53 migrantes que murieron en una carretera solitaria cercana a San Antonio, Texas, entre ellos 3 oaxaqueños, abandonados de manera criminal para morir de asfixia y deshidratación, no ha dejado de generar repudio social. ¿Cuántos migrantes mexicanos o indocumentados centroamericanos, han muerto en las zonas desérticas limítrofes con Estados Unidos, de insolación, hambre, sed o hipotermia, abandonados por los polleros? ¿Cuántos más secuestrados y asesinados por grupos criminales, como aquellos cuyos cadáveres fueron encontrados hace años en San Fernando, Tamaulipas, amontonados como cascajo? Si en el país hoy en día no existe una estrategia de seguridad, menos existe una política migratoria.
El tráfico humano es un boyante negocio que se da, con la presunta connivencia de las autoridades. Hace días una lancha rápida fue interceptada en aguas territoriales oaxaqueñas, por la Marina/Armada de México, cargada de indocumentados. Apenas la semana pasada, en Ixhuatán, fueron encontrados los cadáveres de tres presuntos migrantes, que naufragaron. Las autoridades federales y estatales, existe la certeza, conocen las rutas seguidas por los polleros, por mar o por tierra. Pero se hacen de la vista gorda, como los jefes policiales. La inseguridad, en efecto, sigue socavando las entrañas de nuestra Patria. Y en ello, así como los migrantes, también las filas del periodismo se siguen diezmando.
El miércoles 29 de junio, fue asesinado el compañero, Antonio de la Cruz, reportero del diario Expreso, cuando salía de su domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En el ataque también resultó herida su hija, que poco después falleció. Según la Sociedad Interamericana de Prensa –la SIP- el gobierno de México ha ignorado los llamados, para hacer justicia a los colegas asesinados y evitar las diatribas diarias en contra de los medios de comunicación y periodistas, alentando el encono y el odio, desde el púlpito mañanero. El caso de Antonio de la Cruz se une a los de otros y otras colegas que han caído este año, por las balas criminales. Se trata de: Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, en Cosoleacaque, Veracruz; Luis Enrique Ramírez, en Culiacán, Sinaloa; Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, en Tijuana, Baja California; Heber López Cruz, en Salina Cruz, Oaxaca; Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo, Zacatecas; Jorge Camero Zazueta, en Empalme, Sonora; Roberto Toledo y Armando Linares, en Zitácuaro, Michoacán y José Luis Gamboa, en el Puerto de Veracruz.
