En breve se cumplirán doce años de que un grupo de supuestos desplazados de la etnia triqui se apropiaron de los pasillos del Palacio de Gobierno. En su momento, los dos gobiernos que han pasado, el de Gabino Cué y el de Alejandro Murat, no han movido ni movieron un solo dedo para acabar con esta farsa de protesta que, durante esos años, se ha convertido para los dirigentes, en un boyante negocio. En efecto, los pocos indígenas que fueron objeto de medidas cautelares devinieron una carga financiera para el gobierno estatal que, según sabemos, eroga poco menos de 200 mil pesos mensuales en pagos que les hace. Todo ello, además de surtir sus despensas y permitir que el espacio público del que se han apropiado, sea arrendado a particulares de lo cual dichos dirigentes son los beneficiarios.
La semana pasada, una de las más beligerantes dirigentes de los supuestos triquis cautelados, Lorena Merino, develó la cloaca de corrupción que el mismo gobierno ha avalado otorgando generosas cuotas mensuales para dos o tres dirigentes, entre ellos Reyna, Jesús y Braulio Martínez. Las voces de repudio no se han hecho esperar. Muchos oaxaqueños exigen al gobernador electo que, una vez en funciones termine con ese secuestro de uno de los sitios emblemáticos de la autoridad estatal: el Palacio de Gobierno. Hace algunos años, estos vividores del erario, exigieron al gobierno estatal les adquiriera un predio y, además, les edificara casas de dos pisos, con parque recreativo y hasta un templo para hacer oración. Sin embargo, ninguna comunidad de las cercanías de la capital oaxaqueña quiso vender el terreno ni tenerlos de vecinos. Y no fue por discriminación sino por la fama de problemáticos que han adquirido desde hace lustros.
Según abogados que conocen del tema de derechos humanos y casos afines coinciden en que ha faltado voluntad política de los gobiernos de Cué y Murat, para echar abajo las famosas medidas cautelares de las que este grupo de falsos desplazados han abusado. Ni la Comisión Interamericana (CIDH) ni la Nacional de Derechos Humanos (CNDH) validan este tipo de abusos, como es el hecho de apropiarse de un espacio público y lucrar con el mismo. Sin embargo, ha sido el temor de pasar a la historia como represor de los indígenas o de los movimientos sociales, lo que ha inhibido a ambos gobernantes, incapaces de hacer valer la ley.
Vacunación, no más desorden
Aunque la súper delegada de los programas Bienestar del gobierno federal, Nancy Cecilia Ortiz Cabrera, es dada a minimizar la crítica a la actuación de los llamados “Servidores de la Nación”, como es el caso de los damnificados por el huracán “Agatha” en comunidades afectadas de la Costa y la Sierra Sur, en donde su desconocimiento de la zona y la celeridad se tradujeron en censos incompletos y muchas protestas, es importante que reflexione sobre las críticas y no encerrarse en una obstinación perniciosa. Está en curso la campaña de vacunación contra Covid-19 a menores de edad, por lo que la ciudadanía espera que haya organización y se dejen atrás los moldes del burocratismo e inoperancia que la dependencia solapó en las primeras jornadas para la aplicación del biológico.
Hay que recordar que las protestas por el apartado de lugares; por la cuasi venta de espacios y desorden durante la aplicación de segundas y terceras dosis para adultos mayores a 60 años, dejaron entre la sociedad un mal sabor de boca. Parte de la responsabilidad de esa lentitud, que prohijó colas interminables y que personas mayores estuvieron formados desde 48 horas a la intemperie, fueron los llamados “Servidores de la Nación”. De una y mil formas se desplegaron las quejas y protestas topando con una pared de prepotencia y frialdad. Reclamar tratos infames y de soberbia, fueron como las llamadas a misa, ante el muro de indolencia de los funcionarios de la dependencia federal responsable de la vacunación. Si bien, en la aplicación de la tercera dosis las cosas mejoraron un poco, en las dosis anteriores se trató de una pésima organización.
Si como a menudo se dice en los entretelones del llamado gobierno de la Cuarta Transformación, el sector de la sociedad más vulnerable son los niños, se espera que en esta jornada se eviten los yerros y excesos del pasado. Siempre habremos de deplorar que el caso de una campaña de vacunación de un virus tan letal como el SARS-CoV2, se haya puesto en manos de una dependencia que ejerce y aplica programas sociales y no en el sector salud, que es la dependencia responsable históricamente. Pero es demasiado tarde para reclamar o pretender cambiar la mentalidad de quienes mandan en el país. Lo único que vale la pena es esperar a que las cosas mejoren y, por el bien de ese sector vulnerable, sea un proceso ágil y sin tantos obstáculos.
