La tragedia de los 53 migrantes fallecidos por asfixia y deshidratación al ser abandonados por criminales en una carretera solitaria cercana a San Antonio, Texas, en la Unión Americana, en un tráiler que, según algunas fuentes procedía de México, especie que ha negado el gobierno federal, se agrega a la fallida estrategia de seguridad y migratoria del gobierno de la llamada Cuarta Transformación. En efecto, el tráfico de indocumentados es ya una vertiente de la delincuencia organizada, como lo es el secuestro de los mismos, el cobro de derecho de piso, la trata de personas, el trasiego de droga y el baño de sangre que padece hoy mismo el país, entre otros más del abultado directorio de ilícitos, arropados por una abominable comparsa de “abrazos, no balazos”, que el presidente López Obrador defiende a capa y espada.
No es un secreto que, en ciertas dependencias federales, como es el caso del Instituto Nacional de Migración (INM) no son ajenos a este tipo de tragedias, pues como en el pasado, la corrupción estaría permeando de nueva cuenta al permitir el paso franco de autobuses y tracto-camiones con su carga humana, a veces, como ya se vio en el caso reciente, en cajas sin aire acondicionado y en condiciones inhumanas. En otra vertiente tiene que verse la nula operatividad de los filtros de seguridad que, también hay que reconocerlo, padecen nuestros vecinos del norte. En el accidente ocurrido hace unos meses en Chiapa de Corzo, cuando un tracto-camión cargado de migrantes de Centroamérica chocó con un puente y hubo decenas de muertos y lesionados, el vehículo procedía de Comitán o San Cristóbal y había pasado franco los puestos de revisión migratoria.
En Oaxaca ocurre algo similar cuando en la mano de los operadores de autobuses o camiones pesados va los billetes para evitar la inspección en las garitas de Novillero o La Venta, en el Istmo de Tehuantepec. Los indocumentados son llevados inclusive por mar a los lugares en donde pueden tomar autobuses o taxis. En la entidad hay varias rutas que, extrañamente, las autoridades han dejado al arbitrio de los “polleros”, lo mismo en la región istmeña que en los Mixes que, como ha trascendido, es el paso obligado de miles de centroamericanos, cubanos u otros, que se internan de manera ilegal en el país.
Nuevo luto en el periodismo
De nueva cuenta, el periodismo mexicano está de luto y en sus filas corre la indignación y la impotencia; el coraje y la amargura ante el clima de violencia que se vive en México y la superficialidad con la que se ve el asesinato de nuestros compañeros. En lo que va del año son doce los y las compañeras que han sucumbido ante los ataques cobardes de sicarios o desadaptados sociales. El gobierno federal se ha desentendido de proteger el derecho a la libre expresión y el ejercicio periodístico, incluso ha minimizado los llamados de parlamentarios europeos o congresistas norteamericanos que, entre otros, ven con preocupación el clima sangriento en que está sumergido el país. Es un hecho que México es hoy en día, el único país en el mundo que, sin librar un conflicto armado, se ha perfilado como el más peligroso y letal para el periodismo.
Uno de los organismos no gubernamentales que aglutina a los medios impresos del continente americano, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), expresó consternación y condenó el asesinato del reportero Antonio de la Cruz, periodista del diario Expreso durante 15 años, que fue atacado a balazos, el miércoles 29 de junio por la mañana, cuando salía de su domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En el ataque, también resultó herida su hija. Según el presidente de dicho organismo, “este nuevo crimen evidencia el grave riesgo en el que ejercen su oficio los periodistas, situación que se agrava con la falta de justicia”. Otro de los directivos reiteró el llamado que la organización viene haciendo al jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, desde febrero pasado, para que deje de lado sus permanentes diatribas contra la prensa y asuma la gravedad de la hora y que convoque a una cruzada nacional contra esta tragedia que enluta al periodismo de México, de las Américas y del mundo entero.
El caso de Antonio de la Cruz se une a los de otros asesinatos este año en México. Se trata de: Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, en Cosoleacaque, Veracruz; Luis Enrique Ramírez, en Culiacán, Sinaloa; Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, en Tijuana, Baja California; Heber López Cruz, en Salina Cruz, Oaxaca; Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo, Zacatecas; Jorge Camero Zazueta, en Empalme, Sonora; Roberto Toledo, en Zitácuaro, Michoacán; José Luis Gamboa, en Veracruz, Veracruz, y Armando Linares, en Zitácuaro, Michoacán.
