Justamente hace una semana, sábado 18 de junio, en conmemoración al sexto aniversario de los acontecimientos de Asunción Nochixtlán, del 19 de junio de 2016, un membrete denominado Comité de Víctimas, del que forman parte grupos radicales del llamado Cártel 22 y, particularmente organizaciones sociales con fama de violentas, como el Frente Popular Revolucionario (FPR), tuvieron la infame idea de trasladar un monumento de cantera e instalarlo en el Zócalo de la capital, justo en donde había un reconocimiento de la UNESCO a Oaxaca, como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Anclados en una eterna victimización, pues no es un secreto que magisterio y grupos viven del chantaje que enarbolan con sus muertos, el monumento –dijeron- es un memorial para las víctimas del “Estado represor”, que sucumbieron en la referida comunidad de a Mixteca oaxaqueña.
Desde que un grupo de militantes del FPR y otras organizaciones llegaron al Zócalo con esa intención, en las redes sociales se dio un inédito movimiento de repudio, pues se vulnera la dignidad de nuestro Centro Histórico, ya de por sí mancillado por un comercio informal que amenaza con comerse dicho espacio. Además, nada tiene que mostrar Oaxaca al turismo nacional y extranjero, respecto a un hecho que, si bien le correspondió a un régimen pasado y de lo cual las autoridades han otorgado los castigos correspondientes, no es para que figure como si fuera un homenaje a notables, sino sólo víctimas que fueron llevadas a la muerte por los instigadores de una supuesta lucha social. El affaire Nochixtlán, como el movimiento político y social de 2006, es un tema pendiente para investigarse sin sesgos ideológicos u oportunismo político, sino con la frialdad de un análisis simple y llano.
Los promotores de las presuntas víctimas se encuentran hoy mismo fracturados y en pleno conflicto. Se trata de un gran negocio que, desde que se dieron esos hechos lamentables, ha mantenido a la antes apacible comunidad mixteca, como rehén de la violencia, del tráfico humano y la lucha por cotos de poder. Las ocho víctimas mortales sólo han servido como instrumento de chantaje y presión. Por ello, cuando la ciudadanía emplazó al presidente de la capital, Francisco Martínez Neri, para remover el referido memorial, de inmediato, los victimarios de la lucha social, se “declararon en alerta máxima” para mantenerlo en el sitio en donde fue montado.
Opacidad y lentitud
En el país existen normas y reglamentos que deben estar –aunque se han corrompido con la discrecionalidad- en materia de contratación de bienes, servicios y, particularmente, para el otorgamiento y ejecución de obra pública. Sin embargo, el favoritismo y la falta de transparencia han hecho su parte. Nos referimos a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. (ICA), uno de los gigantes de la industria de la construcción que, inclusive, se ha convertido en una de las empresas trasnacionales de México. Fuentes dignas de todo crédito afirman que parte de las obras que se llevan a cabo en la Avenida “Símbolos Patrios”, que avanzan con una lentitud ofensiva para la ciudadanía, les habrían sido otorgadas no por licitación pública, como dispone la ley vigente, sino por asignación directa. Ello –afirman- es producto de los buenos oficios de personajes de la llamada Cuarta Transformación, dado que dicha empresa participa en las grandes obras presidenciales.
La afrenta a los oaxaqueños se debe a que el referido consorcio tuvo en su momento la responsabilidad de la construcción de la súper carretera a la Costa, hace al menos un lustro y cuyos trabajos dejó materialmente botados, argumentando problemas financieros. Esta acción contribuyó al retraso brutal que ha tenido dicha obra carretera que aún hoy en día, lleva poco más del 82% de avance, pese a haberse iniciado desde hace al menos doce años. La molestia ciudadana de debe a que resulta inconcebible que a una empresa que quedó mal se la asignen nuevas tareas y obras millonarias, sólo porque está en el radar del actual gobierno federal, por lo que, no se le puede exigir el cumplimiento en tiempo y forma de la obra que tendría a su cargo.
Esta administración se encamina hacia su ocaso en diciembre de este año, cuando se dé el relevo con el gobierno que entrará en funciones. Si bien es cierto que la dependencia responsable de la obra citada en el primer párrafo afirma que será concluida en tiempo y forma, en el imaginario colectivo es posible que no se logre por la lentitud con la que la empresa referida cumple con la misma. Las protestas de vecinos, comerciantes y transportistas que han sido afectados continúan, sin que el gobierno estatal pueda resarcir el cierre de negocios o las pérdidas que han tenido desde hace más de un año que iniciaron los trabajos.
