La historia reciente nos ha enseñado que nada hay tan complejo y tortuoso para un gobierno que soltar los recursos necesarios y atender a la población que resulta afectada por fenómenos naturales. Siempre se dirá que el presupuesto es insuficiente; que hay otras prioridades o que hace falta que la Cámara de Diputados, que es la que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), autorice la disposición de tantos o cuantos millones de pesos para dicha tarea. Es decir, siempre habrá una y mil razones para que el gobierno federal le escurra al bulto y sea finalmente, cada ciudadano el que tenga que hacer su mejor esfuerzo para que, una vez que perdió todo o en parte su patrimonio, recupere poco a poco la normalidad, sin estar a la espera del apoyo federal.
Con el rosario de siniestros que hemos padecido en Oaxaca, al menos durante los últimos cinco años, los oaxaqueños ya estamos curados de espanto. La ciudadanía ya es incrédula ante las reiteradas promesas o discursos presidenciales. Y es que para aquellos que han resultado damnificados de los sismos de 2017, 2018 y 2020 o de los efectos de las tormentas en otros años, y que luego de años de esperar los programas de apoyo éstos jamás llegan, hay un justificado desánimo. Lo vivieron miles de vecinos de Juchitán de Zaragoza, Unión Hidalgo, Santa María Xadani, Chicapa de Castro, Asunción Ixtaltepec, entre otras poblaciones afectadas por los sismos de septiembre de 2017. Fueron dos o tres giras del ex presidente Enrique Peña Nieto y de parte de su gabinete. Sólo para la foto, pues hasta la entrega y el manejo de las tarjetas para los damnificados fueron objeto de clonación o abierta corrupción.
Sin duda alguna pues, la tarea de rehabilitar vías de comunicación, servicios básicos, así como los programas de apoyo a la población afectada por el huracán “Agatha”, hace unos días, no será fácil. El gobierno estatal no cuenta con los recursos suficientes para una empresa de tal magnitud y habrá de requerir el apoyo de la Federación que, como ya hemos dicho, estamos convencidos de que no llegará, dado la insensibilidad, el desinterés y la indolencia que caracterizan a quien nos mal gobierna. Las prioridades para el presidente de México son otras cosas, no precisamente atender a los afectados por la tragedia. La muestra está en que jamás se para, ni para tomarse la foto, en las zonas que se consideran de desastre.
Una realidad irrebatible
Notas periodísticas de medios nacionales y extranjeros; análisis de expertos en temas de seguridad; declaraciones de reconocidos políticos mexicanos y hasta de congresistas norteamericanos, han encendido las luces de alerta de la situación que prevalece en el país, el cual se encamina de manera inexorable hacia un narco-Estado. Los más de 120 mil muertos que hasta hace un mes se contabilizaban en México, como producto de las vendettas y reacomodos de fuerzas del crimen organizado; las más de 100 mil desapariciones de mexicanos (as) en todo el país, durante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, auguran un panorama siniestro y preocupante. De poco han servido los llamados y súplicas de familiares de víctimas para enderezar la política errática de “abrazos no balazos”, ante el empecinamiento de quien con su actitud deja entrever la evidente y cínica connivencia entre el gobierno y los grupos criminales.
Los asesinatos masivos en Guanajuato, Zacatecas, Michoacán o Guerrero; los fusilamientos; la filtración de videos que demuestran el sadismo de sicarios al servicio de conocidos cárteles de la droga, han puesto sobre la mesa el futuro incierto que tendrán los niños y jóvenes en los años por venir, ante el inminente aumento de poder de los criminales. Hace al menos tres semanas apareció en las redes sociales, el video de un grupo de sicarios, abriendo en vivo a un policía que habían capturado, para sacarle el corazón y comérselo. Sin embargo, para quien tiene a su cargo el mando del país aquí no pasa nada. Todo es producto de la mala fe de los conservadores y neoliberales. El responsable de todo ello es el ex presidente Felipe Calderón, que fue quien arremetió en contra de la delincuencia tomando todo el poder del Estado.
Las denuncias de fuentes extranjeras sobre el posible financiamiento de los grupos criminales a las campañas políticas de algunas entidades del país, no son invenciones desafortunadas o deseos insanos en contra del presidente López Obrador, sino parte de lo que el pueblo mexicano debe conocer respecto al peligro que se cierne sobre el país, de concretarse lo que dijo el viejo político Porfirio Muñoz Ledo: la pretensión del presidente de anexar a su sucesor la relación de complicidad con la delincuencia organizada. En efecto pues, lo que está en juego es el futuro de México y no de un gobierno que, en tres años ha contribuido a su paulatina destrucción.
