Los hechos ocurridos la semana pasada en la agencia “La Mixtequita”, municipio de San Juan Mazatlán, Mixe, deben poner en alerta al gobierno y al pueblo en general. El secuestro de 37 docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional –Conalep- y de trabajadores de los Servicios de Salud, ajenos totalmente de las demandas de los vecinos de la primera comunidad, es una nueva modalidad, equiparada a acciones propias de grupos criminales. Es decir, por la demanda que sea y con el propósito de presionar al gobierno, nadie estará a salvo de ser retenido, privado de la libertad y refundido en un pasillo inmundo. Puede ser secuestrado en la carretera, en un mercado o una escuela. Y justificarse con el falaz argumento de que el presidente municipal no ha entregado los recursos que le corresponden a tal o cual comunidad. Los hechos en la comunidad mixe, son una severa llamada de atención al gobierno.
No es la primera vez que dichas agencias del citado municipio dan la nota. En 2020, en pleno auge de la pandemia de Covid-19, por el mismo trillado tema de los recursos, cerraron la Carretera Transístmica durante semanas. Personas que trasladaban a sus difuntos, fallecidos por el virus, fueron obligados a llevar el ataúd en hombros, ante la imposibilidad de hacerlo en carrozas o vehículos. Camiones que transportaban oxígeno para los enfermos graves en Juchitán, Salina Cruz y otros, fueron retenidos. El terco presidente municipal de San Juan Mazatlán, Macario Eleuterio Jiménez, protegido seguramente por algunos personajes de la clase política, ha sido el motor de estos abusos. Ha negado entregar los recursos que por ley les corresponden a las agencias. Pero ahí sigue. Ni la Secretaría General de Gobierno ni la Legislatura del Estado han procedido. Cuando las cosas están fuera de control, como los hechos de la semana pasada, aparece, cínico e impune.
Existe un miedo cerval para aplicar algo más que la sobada política de diálogo y más diálogo. La ley es una caricatura en Oaxaca. Delitos bien tipificados en el Código Penal como el secuestro o privación ilegal de la libertad; daño a las vías generales de comunicación o provocar dolosamente el incendio de un bien, se quieren encubrir aquí con la libertad de expresión. Pero para las autoridades timoratas, es mejor dejar hacer y dejar pasar. A grandes males, grandes remedios, dice la conseja popular. Lo ocurrido la semana anterior en la citada comunidad mixe, no debe ser soslayada. Sienta un mal precedente ante la falta de autoridad y endeble gobernabilidad. Al tiempo.
Obligada transparencia
La lucha por hacer realidad la transparencia y la rendición de cuentas en el país y en el estado, no ha sido tarea fácil. A veinte años de haberse promulgado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, existen aún resistencias y empecinamiento de gobiernos estatales y locales para poner a disposición del ciudadano sus portales y dar cuenta del uso de los recursos públicos y toda la información que le requieran. Datos básicos sobre el presupuesto anual del municipio, ley de ingresos, salarios que reciben los concejales, datos curriculares de los funcionarios, convocatorias y licitaciones, entre otros, deben aparecen en los portales de transparencia municipales. El ciudadano tiene derecho a saber. No es a voluntad de los o las autoridades locales. Es una obligación que la ley establece.
La lucha contra la corrupción, tan de moda en los últimos tiempos, no puede transitar en tanto existan escollos y obstáculos de ediles renuentes a rendir cuentas. El Congreso del Estado y el área correspondiente del Órgano Superior de Fiscalización del Estado –el OSFEO- deben obligar a los gobiernos locales a instalar sus páginas de consulta y actualizarlas constantemente. Uno de los vicios y excesos que se ha generalizado son los bloqueos de agencias municipales, por la demanda de los recursos que les corresponden. Y que ya están etiquetados, por lo que los presidentes municipales deben entregarlos en tiempo y forma. Pero no. O los dejan sudar –como se dice vulgarmente- en el banco o simplemente los desvían a otros temas. Y es el pueblo el que paga los platos rotos.
La cultura de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, debe ser un instrumento del buen gobierno. Además, un freno a los ediles, dados a gastar en cuestiones suntuarias y de manera discrecional. A tener a toda la parentela en la nómina y enriquecerse de manera ilícita. Experiencias hay muchas. En nuestras comunidades, ediles que son elegidos por sistemas normativos internos o por partidos, entran con una mano adelante y otra atrás y salen bien forrados. O en los principales municipios de la entidad, en donde las obras se le otorgan al compadre, al socio, al cómplice. La proclividad al cobro del 10 por ciento o los moches. E inclusive al contrato de despachos para limpiar las pillerías. Porque en algunos lados la famosa austeridad republicana es una falacia. Concejales y funcionarios municipales bien pagados que hacen cierta la frase de gobierno rico y pueblo pobre.
