Los hechos ocurridos la semana pasada en las agencias municipales pertenecientes a San Juan Mazatlán, Mixe, particularmente en “La Mixtequita”, luego del secuestro de trabajadores (as) del Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep) y de los Servicios de Salud en la entidad que, como mencionamos el pasado sábado, nada tenían que ver en el asunto, dejaron entrever que, en esta entidad, cualquier hijo de vecino puede violentar la ley impunemente sin recibir castigo. Es decir, que la trillada política de diálogo y más diálogo ya no es el antídoto para contener los afanes violentos de comuneros azuzados por vivales que buscan alentar la ingobernabilidad. Tratando de revivir hechos pasados y emulando al conflicto político y social del 2006, hubo sujetos que prendieron fuego a vehículos particulares y de empresas comerciales. La pregunta es: ¿Hasta dónde la petición de recursos puede convertirse en un serio desafío a la gobernabilidad y la paz social, bajo la mirada temerosa del gobierno?
El Estado, por su propia naturaleza no puede renunciar al uso de la fuerza y a privilegiar los derechos de las mayorías por encima de intereses particulares. El hecho que mencionamos puede ser equiparable a una acción criminal. Esto es, el incendio de unidades y el secuestro de personas tiene el sello característico de la delincuencia organizada. No es pues la forma genuina en la que una población –seguramente permeada por malandrines y pillos- exige al gobierno presionar al presidente municipal de San Juan Mazatlán, el obstinado y terco Macario Eleuterio Jiménez, liberar recursos. Porque, además, los cabecillas exigían 16 millones de pesos en efectivo. ¿Para qué? ¿Para repartirse el botín? Siempre habremos de insistir en que, un gobierno blandengue y timorato, niega su propia naturaleza.
Con hechos como el que hemos descrito podemos decir que Oaxaca se pudre entre el abuso de unos cuantos, encubiertos con el manto de indígenas; la terquedad de otros y la política manida de diálogo del gobierno estatal. Hasta este momento, a escasos seis meses de que concluya su gestión el gobernador Alejandro Murat, no hemos visto una acción, una sola, que indique ante los oaxaqueños que nadie está por encima de la ley y que ésta tiene una vigencia generalizada. Es una pena que la sociedad esté a merced de quienes imitan a los delincuentes, para darles abrazos y no balazos. Patético.
Deterioro progresivo
El caso urbano, así como el área conurbada de la capital oaxaqueña, ha registrado en los últimos tiempos un progresivo deterioro, ante la falta de una política de mantenimiento y rehabilitación de calles y avenidas. Tenemos en puerta la temporada de lluvias y en breve veremos los efectos de este abandono en ciertas vías concurridas como es el caso de Avenida Universidad, que se convierte en una gigantesca laguna, además, enriquecida con cráteres lunares en la carpeta asfáltica. No se diga del Periférico que no sólo ha sido rebasado por el tiempo en lo que se refiere a una vía de desfogue más o menos rápida, sino al evidente deterioro de la carpeta. Por todos lados se observan baches y zanjas que han tenido sólo “una manita de gato” –como se dice vulgarmente- de parte de los contratistas que ganan las convocatorias que publican las autoridades municipales.
Todo ello se ha convertido en un infierno para transportistas y automovilistas, además de que hay zonas en el casco urbano en donde la circulación en ciertas horas asemeja estar en las grandes urbes. Un factor que ha sido obstáculo para el tránsito vehicular son las obras a medias del llamado City Bus que, lleva años sin concluir las famosas paradas, como la que se ubica en el Periférico, a la altura de la Central de Abasto. De las vías que rodean al principal centro comercial popular de la capital, mejor ni hablar. Están en condiciones deplorables. Nada más hay que ver la situación de la Central de Autobuses de Segunda Clase en su patio de maniobras, para entender algo de nuestro atraso histórico en todos los sentidos. Asemeja un corral de vacas o caballos.
Lamentablemente, la tarea no es nada sencilla para el gobierno del edil de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, dado que, desde su arribo al cargo, ha tenido que capotear una situación difícil ante el endeudamiento y las arcas municipales vacías que le dejó su antecesor, Oswaldo García Jarquín. Sin embargo, lejos de proceder con las denuncias correspondientes se ha dedicado a quejarse de la mala situación financiera y a anunciar que el ayuntamiento que preside habrá de seguir solicitando préstamos a la banca privada para poder solventar tanto la deuda del anterior como los reclamos y demandas ciudadanas. Esto es, poco podemos esperar de esta administración ante la falta de recursos aún para lo más elemental.
