Al menos 143 familias y más de 500 personas de Tierra Blanca Copala podrán regresar a sus viviendas tras la firma del acuerdo de paz social entre los gobiernos federal, estatal y las dirigencias de las organizaciones del MULT y MULTI.
De acuerdo con la ruta de trabajo, el miércoles se instaló la comisión interinstitucional que definirá el protocolo de retorno, misma que sesionó ayer jueves, con representantes de los tres niveles de gobierno y los organismos autónomos de procuración de justicia y derechos humanos que intervengan.
En materia de seguridad, las organizaciones reconocieron la necesidad de una estrategia efectiva, por lo cual, contribuirán en la generación de un plan estratégico de seguridad en comunidades donde ellos definan.
Mientras tanto, a petición de las partes, solicitarán a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera, inicien una investigación sobre el tráfico de armas y drogas en la región, cuyo objetivo es fortalecer el tema de la seguridad.
La Fiscalía General del Estado generará las citaciones a las personas que cuenten con carpetas de investigación para que en tanto resuelvan su situación jurídica, se abstengan de participar o impedir el proceso de retorno a Tierra Blanca”, expresó.
Se explicó que la comisión integrada por representantes de la Secretaría de Gobernación, del gobierno estatal, del municipio de Santiago Juxtlahuaca, así como de las organizaciones Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT) y el Independiente, MULTI, será quien dibuje el trayecto del acuerdo.
También participará la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO), además de organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de dar seguimiento puntual.
El Poder Legislativo contará con una participación, así como los Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz) y cuyos trabajos llevarán a una propuesta a presentar el 9 de mayo en la Secretaría de Gobernación (Segob) con la presencia de las partes en conflicto.
Sería el 16 de mayo la fecha cuando puedan regresar a su comunidad las familias desplazadas, bajo un proceso ordenado, voluntario y seguro.
Se especificó que las organizaciones, manifestaron la voluntad y convicción para suscribir el compromiso a respetarse entre sí para evitar cualquier acto de agresión o violencia hacía las personas, sus posesiones y los recursos naturales existentes en la zona.
Con esto, estarían garantizando el retorno de las familias que se encuentran fuera de su comunidad.
