Los sectores productivos del Istmo de Tehuantepec han hecho no uno sino constantes llamados al gobierno de Alejandro Murat y a la Federación, para que ya cesen los constantes bloqueos carreteros, que obstaculizan no sólo el desarrollo normal de la vida ciudadana sino, asimismo, el movimiento de la economía. Ya lo hemos comentado en este espacio editorial. Hay días en que entre cinco y seis bloqueos hacen vivir a pasajeros, automovilistas y transportistas un verdadero infierno. Grupos empresariales han aplaudido el proyecto presidencial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, sin embargo, advierten, que de seguir las prácticas de chantaje y extorsión de parte de grupos, organizaciones, comuneros, sorgueros y demás, dicho proyecto estará destinado al fracaso.
Como lo hemos abordado en este espacio, hay días en que se montan bloqueos en el puente denominado “El Caracol”, que impide el tránsito vehicular para la costa oaxaqueña, Acapulco, Chiapas, Veracruz y la Ciudad de México. Es decir, se ahorca por completo una zona de desfogue del transporte. Y no hay salida por ningún lado. Es decir, es un punto estratégico. Además, claro, del consabido bloqueo en el Puente de Fierro, ubicado en la entrada a Santo Domingo Tehuantepec; el llamado puente de madera o el Canal 33, entre dicha población y Juchitán de Zaragoza. La presión se extiende en la Carretera Transístmica, a la altura de Matías Romero, impidiendo el tránsito hacia Veracruz, el Golfo de México y la capital del país. En otro rumbo, también se montan bloqueos frente a comunidades como Niltepec o Zanatepec, impidiendo el tránsito hacia Chiapas.
Lo más grave de todo ello es que dichos bloqueos carreteros son negocios de dirigentes y cabecillas de grupos o comunidades. A veces, los mismos son encabezados por autoridades municipales que, para permitir el paso a vehículos, cobran derecho de peaje. Los cobros van de los mil pesos por tractocamiones hasta 500 o 300 pesos para automóviles. Si dicha cantidad se multiplica por dos o tres mil vehículos que se estima pasan en un lapso de cinco o seis horas, podemos entender la magnitud del dinero que dichos sujetos se meten al bolsillo. Es decir, los mecanismos de presión han dejado de tener como banderas algunas demandas digamos legítimas. Hoy en día son negocio de vivales. Se trata también de delitos federales, afectar las vías de comunicación, por tanto, debe aplicarse la ley.
Contra el vandalismo
El deterioro de la imagen de la capital oaxaqueña, a merced de personas sin escrúpulos que han tomado sus edificios de cantera verde para plasmar consignas y leyendas, hace cada vez más urgente la aprobación de alguna iniciativa o ley que sancione dicha práctica. No se trata de imponer costos a la libre expresión, sino de castigar con medidas administrativas o corporales, las afectaciones al patrimonio histórico. El daño que se le ocasiona a las piedras es irreversible, habida cuenta que, para quitar la pintura, se utilizan máquinas que son nutridas de arena, lo cual, al funcionar como soplete desgasta las rocas. Una y otra vez se ha denunciado esta situación sin que autoridades y representantes populares tomen cartas en este asunto tan espinoso. De este tema ya hemos comentado en ocasiones anteriores.
Cualquier manifestación o marcha, sean maestros, normalistas, organizaciones sociales o feministas, es motivo suficiente para que las más bajas pasiones de los participantes tengan como destinatarios nuestros monumentos coloniales. Ha quedado como parte del memorial de la infamia, cuando un grupo de mujeres que protestaban en contra de la violencia, penetraron a la Iglesia de San Cosme y San Damián, destrozando bancas, muebles y otros artículos religiosos. O aquel pasaje cuando un maestro de la Sección 22 perforaba con un clavo, martillo en mano, una de las canteras de la Catedral Metropolitana. El daño tenía un motivo irrisorio: quería un apoyo para amarrar un mecate y sostener su rústica tienda de campaña. En 2006, todo mundo lo recuerda, militantes de la tristemente célebre Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) rompieron las canteras del Edificio Central de la UABJO y de las escalinatas del teatro “Macedonio Alcalá”, usando para ello barretas y de ahí hacer proyectiles para lanzar a la policía.
Todo este breviario histórico de destrucción y lo que ocurre hoy en día, cuando cualquier grupo de personas amparadas por un membrete pintarrajea y afecta nuestro patrimonio, no es para echar las campanas al vuelo, sino para asumir posturas enérgicas. Es necesario acotar el vandalismo. No podemos darnos el lujo de seguir solapando esta acción tan perniciosa. Es cierto, poco se puede esperar de nuestros representantes populares, más empeñados en ver sus propios intereses. Entonces, vale la pena la organización de la sociedad civil. La semana pasada, vecinos protestaron por las pintas, aunque fueron agredidos a golpes.
