Tienen razón aquellos que afirman que en Oaxaca no hay industria más rentable que el chantaje. He ahí el por qué se han multiplicado como las ratas las organizaciones sociales, los grupos de interés y segmentos sociales que viven de presionar al gobierno y obtener jugosos dividendos. El gran negocio de algunos es juntar a un grupo de vecinos o comunidades, ofrecerles el oro y el moro y, con el ardid de “bajarles recursos”, convencerlos de formar un membrete. Con el mismo se presentan ante los funcionarios de gobierno y empiezan a exigirles dinero para proyectos o demandas sociales. De no ser favorecidos despliegan su arma favorita: el bloqueo de carreteras, calles, cruceros u oficinas públicas. En el estado se han contabilizado al menos 400 organizaciones sociales que perviven de la limosna que les otorga el gobierno estatal. Es más, muchas de ellas han logrado con dichos mecanismos de presión concesiones de transporte, obras públicas comunitarias y hasta que a los líderes les llenen las alforjas de dinero en efectivo.
Otras formas de chantaje tienen que ver con el secuestro de empleados, funcionarios o legisladores (as). El cierre del basurero municipal ha sido, a lo largo de los últimos veinte años, el arma favorita de vecinos de colonias y asentamientos que, de manera ilegal, fueron naciendo en las inmediaciones. Las manos de ciertos dirigentes están metidas a fondo. Los partidos políticos, en su ambición de ganar simpatizantes tampoco son ajenos. Desde hace al menos dos semanas, luego de una asamblea comunitaria en la Villa de Zaachila, se acordó el cierre definitivo del relleno sanitario, en donde se depositan cientos de toneladas de desechos que se generan a diario tanto en la capital oaxaqueña como en al menos 25 municipios de la Zona Metropolitana. El acuerdo es, desde cualquier punto de vista, arbitrario, pues no se puede tomar una decisión de manera unilateral, sin que se le dé la oportunidad a los afectados de buscar alternativas de solución.
Sin embargo, aparte de dicha medida, vecinos de la agencia municipal de Vicente Guerrero, en el pleito que traen con el edil de Zaachila, Rigoberto Chacón Pérez, decidieron desde hace días el cierre de la carretera 175, a la altura precisamente del basurero municipal, provocando con ello una nueva crisis en el sistema de recolección y depósito, como en el mes de diciembre. Esta situación obliga a los tres órdenes de gobierno a buscar alternativas de solución.
Violaciones a la ley
El proceso electoral para la gubernatura, cuyo desenlace será el próximo 5 de junio, ha traído consigo violaciones flagrantes a la ley vigente en materia electoral. Desde la misma presidencia de la República, en donde no se respeta la veda que dispone el árbitro correspondiente, en este caso, el Instituto Nacional Electoral (INE), hasta los operadores, simpatizantes y militantes de algunos partidos políticos. Por ejemplo, resulta sorprendente que sigan en la capital o los Valles Centrales, algunos espectaculares llamando a votar por el “sí” en la revocación de mandato. Se trata de un abierto desafío a la norma, a la imparcialidad y equidad que, se presume, debe prevalecer en el citado y controvertido ejercicio democrático. Usuarios de redes sociales han advertido de esta anomalía sin que su denuncia haya tenido resultado, habida cuenta que, si en las altas esferas del poder público se brincan la ley, cualquiera se asume impoluto e impune.
Se ha dicho una y mil veces que los programas sociales del gobierno federal no deben ser motivo de mención o uso con fines electorales, sin embargo, en algunas regiones de la entidad y municipios, hay operadores que abiertamente invitan a los beneficiarios a salir a votar a favor del presidente López Obrador. Otros más, alentados por sus jefes, van de casa en casa en un abierto proselitismo político. Hay evidencias de que muchos han sido corridos de las viviendas. En algunos municipios del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, se ponen a la venta a precios irrisorios, vaquillas o becerros; instrumentos del campo o aves de patio, como un gancho para atraer a las personas de escasos recursos en favor de un propósito abiertamente político.
Conforme se acerca la jornada electoral, el ofrecimiento de dinero, beneficios sociales y otros, se hacen más comunes y abiertos, a cambio de proporcionar la credencial de elector del INE. Y hasta dicen, que no importa por qué se emita el voto, simplemente que los promotores tienen que llevar la lista de los “enganchados” a sus jefes inmediatos. Aquellos vicios e inercias que tanto se criticaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI), están presentes, hoy más que nunca, en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lo que refleja la podredumbre que existe en el sistema de partidos en México, sobre todo en las violaciones flagrantes a la ley electoral vigente.
