La supina ignorancia del presidente Andrés Manuel López Obrador y de algunos de sus más cercanos, en torno a la importancia de la buena vecindad con los países que compartimos fronteras y, en general, con la comunidad internacional con la que hemos mantenido relaciones históricamente, ha creado preocupación en los diversos círculos políticos, empresariales y civiles mexicanos. La forma tan burda en la que se ha conducido la relación con el gobierno de España; las fricciones con el de Panamá; los desvaríos, frivolidad e irresponsabilidad con el gobierno del presidente Joe Biden y el Secretario de Estado, Antony Blinken, etc., hacen presumir que la antes honrosa política exterior mexicana, se ha ido por la borda. El presidente se asume ser depositario ex officio de un país, concebido como una ínsula que es autosuficiente, por lo que nada requiere de los demás, pero adicionalmente, que puede decir, ofender y despotricar contra quien se le antoje.
La semana pasada, con motivo de un llamado al gobierno de López Obrador, de 607 diputados (as), del Parlamento Europeo, para cesar la persecución y asesinato de periodistas; para respetar la libre expresión y crear un entorno de respeto al quehacer de los comunicadores, desató la ira presidencial que se plasmó en un panfleto, mal redactado, hecho con las patas y las vísceras, en donde acusa a los parlamentarios europeos de “injerencistas”, “borregos” y de estar a favor de los golpistas que arremeten en contra de su gobierno. Según el presidente, dicho panfleto, incluso descalificado por conocidos seguidores del gobierno emanados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lo redactó él, con el apoyo de otro ignorante y mediocre: su vocero, Jesús Ramírez Cuevas.
Llama la atención el tono irrespetuoso de la respuesta, ajena totalmente al lenguaje diplomático que se requería, además, del silencio burdo y torpe de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de su titular, Marcelo Ebrard, que se ha caracterizado por ser un cero a la izquierda. Sin duda alguna, el referido libelo traerá consigo tensiones con los países a cuyos representantes populares se ha ofendido. Un reflejo más del peligro en que se encuentra el país y de la ignorancia de quien lo conduce, dispuesto no sólo a violentar las leyes mexicanas sino decretar ya como enemigos frontales, a los medios de comunicación y periodistas; a sus críticos y a todos aquellos que no aplaudan sus desfiguros y torpezas.
Complicidades cupulares
Nunca como hoy, los mexicanos hemos sido testigos de la impunidad con la que se conducen quienes, se presume, deben ser los principales en cumplir con la norma y los preceptos constitucionales. Nunca la independencia de los poderes de la Unión y la separación entre los mismos ha estado tan en entredicho como hoy. Luego de las grabaciones reveladoras en las que se ve inmiscuido el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, haciendo alusión de manera irrespetuosa y burda de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tomando un tema personal, como si fuera una prioridad de la institución que maneja, queda en entredicho el nivel que existe en el país de procuración e impartición de justicia. ¿Cómo tuvo acceso a un proyecto de sentencia de un ministro de la SCJN o de qué manera ha cabildeado un asunto familiar, con lo que se presume es la depositaria de la Constitución de los Estad0s Unidos Mexicanos y la interpretación de su cuerpo jurídico? Eso es lo que está en tela de juicio.
No es la primera vez que el referido funcionario está metido en escándalos. Hay que recordar el famoso cheque por más de 2 mil millones de pesos que entregó al ex titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que no era tal, sino un montaje. No está por demás citar algunas revelaciones periodísticas que lo ubican como un coleccionista de automóviles de lujo o el departamento de su propiedad que presuntamente tiene en París, lo cual contrasta con la llamada política de austeridad que tanto pregona el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “su carnal”. Sin embargo, todo ello es asunto menor cuando se devela su forma tan burda de torcer la ley, en un abierto tráfico de influencias y conflicto de interés, que el mismo presidente de México ha mencionado, al afirmar que tiene un asunto familiar.
Lo mejor para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y evitar más escarnio público, desconfianza en las instituciones y la presunción de complicidad, es que el Congreso de la Unión tome el asunto en sus manos y, a la brevedad posible, releve al citado funcionario. Su postura, para juristas y no, es insostenible. Está poniendo en riesgo la vigencia del Estado de Derecho y la división de poderes que mandata nuestra Carta Magna. Mantenerlo en el cargo, porque el presidente le tiene “confianza”, será otro error.
