Ya es una tradición que, conforme se acerca el fin de sexenio, los dirigentes de las más de 400 organizaciones sociales que perviven de la limosna oficial, enloquecen. Sin tener más representación que aquella que los mismos se imponen, exigen al gobierno a nombre de decenas de comunidades o grupos sociales, recursos para obras sanitarias, educativas o simplemente para que se llenen los bolsillos. Dichas organizaciones, hay que decirlo abiertamente, no representan más que grupos de presión o intereses particulares. Dicen que, en Oaxaca, el mejor negocio es crear una organización social y sentarse a esperar el momento para chantajear a las autoridades con cierre de carreteras, bloqueo a vialidades o secuestro de funcionarios y empleados en las oficinas públicas. La industria más rentable en nuestro estado, es la del chantaje.
La semana pasada, por ejemplo, una organización denominada “Sol Rojo”, ampliamente conocida por su beligerancia y capacidad de movilización anunció el “inicio de su calendario de lucha”. Se trata de un organismo parasitario que sirve a los intereses de ciertos funcionarios del gabinete estatal. No abandera causas justas, pues por lo que hemos visto, sólo sirve como mercenaria que trabaja por la paga. Sus dirigentes tienen decenas de puestos en el comercio informal que ha invadido el Centro Histórico de la capital oaxaqueña y, se sabe, la mayoría de ellos no cuenta con los permisos correspondientes que otorga el municipio de Oaxaca de Juárez. Pese a todo ello, se les otorgan una serie de canonjías que la han hecho un monstruo de chantaje, con unos cuantos militantes que siguen a pie juntillas las consignas del dueño de la franquicia: Javier Aluz Mancera.
Como ésta, hay cientos más cuya operación y manutención el gobierno estatal ha solapado de manera absurda. Cada dirigente tiene derecho de picaporte en las oficinas de gobierno y lo mismo lucran con las obras destinadas a municipios que programas sociales, de cuyos recursos muchas veces se apropian. Hay un repudio generalizado entre los oaxaqueños hacia esta casta de vividores, porque la mayoría no trabaja, no tiene un empleo fijo, sino que están dedicados de tiempo completo a vivir de la limosna que les ofrece el gobierno y de lo que obtienen para prestarse como mercenarios ante cualquier otra movilización o causa. Desde diversos foros se ha criticado este clientelismo gubernamental tan pernicioso.
Retraso y pésimas obras
Hace al menos unos diez días circularon en redes sociales fotografías del descarrilamiento de un tren de carga justamente en las nuevas vías del llamado Tren Interoceánico, uno de los proyectos insignias del gobierno de la Cuarta Transformación. Sin ser especialista en el tema, es fácil observar que las durmientes cedieron ante el peso del convoy, lo que significa que la empresa responsable de dicha acción no ha cumplido con los requerimientos técnicos para dicha tarea. Se observan las durmientes rotas por la mitad. Ello nos ha llevado a la certeza de que las obras del llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), no sólo avanzan con injustificada lentitud, sino que, además, los trabajos se están haciendo de prisa y sin cumplir con la norma. Se sabe que el responsable de dicho proyecto, Rafael Marín Mollinedo, amigo cercano al presidente López Obrador, no se ha aplicado en dicha responsabilidad.
Para las comunidades por donde transitará la referida vía férrea que comunicará los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, el referido proyecto no avanza. A ello hay que agregar que, como lo reconoció el presidente, grupos de la delincuencia organizada han encarecido los materiales, ligados en complicidad con algunos sindicatos que tienen la concesión del acarreo de productos pétreos como grava y arena. En otro entorno, los trabajos del rompeolas en Salina Cruz, también caminan con lentitud. Hay que tomar en cuenta que esta administración federal está ya en su cuarto año de gestión. Además de lo anterior, se han detectado graves irregularidades administrativas, falta de comprobación de millones de pesos, sobre-costos y nulo cumplimiento con sus responsabilidades fiscales y laborales, como dispone la ley.
Con todo este panorama, no dudemos que este proyecto emblemático del gobierno federal puede quedar sólo como un buen propósito; como el viejo anhelo que ha sido para los oaxaqueños y, particularmente para los istmeños. Uno de los factores que mucho ha incidido –y lo ha reconocido la Federación- es la inseguridad. En toda la franja por donde pasará la vía y su entorno, como son las comunidades de Matías Romero, Chivela, Santo Domingo y Santa María Petapa y otros más, la lucha entre los grupos de la delincuencia organizada, ha dejado una estela de muerte y desolación brutal, no obstante, las labores de vigilancia que se le han encomendado a la Marina/Armada de México.
