Para evitar actos de corrupción, opacidad y el uso discrecional en la investigación de los delitos y de la procuración de justicia en Oaxaca, integrantes de la LXV Legislatura del Congreso local buscan reformar la Constitución para elegir y remover a los titulares de las diferentes fiscalías como la Fiscalía General del Estado (FGEO).
Integrantes de las Fracción Parlamentaria del partido Morena, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto en donde se propone reformar el artículo 59, artículo 79, la fracción XXVII y el artículo 114, apartado D, fracción III, en su párrafo cuarto de la Constitución del Estado de Oaxaca.
En ello se propone que sea facultad del Congreso local elegir o remover de sus cargos a los titulares de la FGEO, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y al de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
En la propuesta de la diputada Yesenia Nolasco, destaca que con el actual proceso de remoción de los fiscales estatales la procuración y administración de la justicia en la entidad oaxaqueña se sigue manejando con criterios políticos.
Recordó que, ante las denuncias de corrupción, opacidad y discrecionalidad de impartición de justicia, así como la falta de resultados del anterior Fiscal General se vio obligado a renunciar, sin embargo, ahora con la propuesta de esta reforma se busca que, de no otorgar los resultados requeridos a la ciudadanía, sea el mismo Poder Legislativo el que en su caso remuevan a los fiscales.
Aunque el anterior funcionario renunció por denuncias de actos de corrupción en los casos del asesinato de la fotoperiodista María del Sol y por el nulo avance en las investigaciones por el ataque que sufrió María Elena Ríos, a la fecha estos casos continúan en la impunidad.
Es por ello, de presentarse casos similares, la legisladora propuso, que, en caso de ser necesario, se puedan remover a los citados servidores públicos por causales de responsabilidad a fin de garantizar la impartición de justicia.
En la reforma se contemplan facultades del Legislativo que en caso de que el Ejecutivo no envíe la terna de candidatos para ocupar este puesto, el Congreso tendría 10 días para la designación de los funcionarios.
