La semana pasada, el ejecutivo estatal, Alejandro Murat se reunió con un grupo de periodistas oaxaqueños para tratar el tema de los atentados a la libertad de expresión que se han dado en los últimos días y el asesinato del compañero, Heber López Vásquez, perpetrado en Salina Cruz, el pasado 10 de febrero. En el entorno de la conversación, el gobernador expresó el respeto irrestricto de su administración con los periodistas, además de ofrecer que en el caso del crimen que nos ocupa, no habrá impunidad. Se habló de la creación de una Fiscalía Especializada para la atención de la violencia en contra de los periodistas, que propuso en propio Fiscal General, Arturo Peimbert Calvo o la creación de un fideicomiso para atender las necesidades apremiantes de las familias o los propios comunicadores.
Sin duda alguna, se trata de buenas iniciativas que contrastan con el clima de linchamiento y descalificación que hoy prevalece en el país en contra de medios de comunicación y periodistas, alentadas, justamente, desde el podio mañanero y su principal actor, el presidente López Obrador. Es importante subrayar que, desde el inicio de la actual administración federal, no ha habido un solo día en que no se señale, agreda verbalmente o descalifique la labor de los medios. Sólo los corifeos y cómplices de los latrocinios que hemos vivido los mexicanos, son los que aplauden los excesos y delirios presidenciales. Hoy se arremete en contra de tal o cual medio de comunicación, mañana en contra de periodistas y reporteros. Después les toca el turno a los historiadores o a los científicos que laboran en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Sin embargo, a la actual administración estatal le quedan solamente 9 meses de gestión. Ello implica que tanto la Fiscalía Especializada como el fideicomiso de que hablamos antes, tendrán una vida efímera. Se mantendrán, seguramente, mientras Murat Hinojosa esté al frente del gobierno, no más. De llegar al gobierno estatal un representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de ello no hay duda, existe el riesgo de que lleve adelante las mismas prácticas nocivas en las que ha incurrido su presidente y guía moral. Empero, ello no es motivo suficiente para descalificar la iniciativa gubernamental que, bien vista, reivindica el papel y la dignidad de este oficio y de quienes lo ejercemos.
Centro Histórico: Sigue invasión
Por lo que hemos constatado, la invasión del comercio en la vía pública ha chocado de frente con los buenos propósitos del presidente de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri. En efecto, no es un tema simple. Se trata de un complejo entramado de intereses políticos y económicos que es difícil desenredar la madeja. Decenas de organizaciones y sus dirigentes han pervivido de la anarquía y la falta de legislación sobre dicho tema. E insisten en reclamar un derecho que no les pertenece. Un día los desalojan de algunas calles y al día siguiente aparecen en otras. No importan actas de Cabildo, ordenanzas municipales o acuerdos. Y hay razón en lo que algunos observadores plantean: hay grupos bien identificados con ciertos partidos políticos que se asumen intocables.
Se convocó a los comerciantes en la vía pública para que acudieran a mostrar sus documentos, que los acreditan como entes legales. Cientos asistieron, pero la mayoría no. Y es que éstos operan en la ilegalidad, sin documentos y pagando dádivas a los inspectores municipales. En la administración lamentable de Oswaldo García Jarquín, se dijo que algunos de estos servidores públicos actuaban con doble cara: como responsables de regular y ordenar dicho comercio y, por otro lado, como propietarios de puestos de venta. Nada, absolutamente se habrá de lograr en tanto siga existiendo esta complicidad de quienes se presume actúan con la ley en la mano, por un lado, pero reciben sobornos por el otro para hacerse de la vista gorda o para explotar lo que están combatiendo. Por ello, muchos hemos dicho que el gobierno local que encabeza Martínez Neri, debe hacer una revisión exhaustiva del área respectiva de inspectores y vigilancia.
Es muy pronto para exigir que este grave tema quede resuelto. Empresarios y comerciantes establecidos confían en que el edil, tal como lo ofreció en su campaña política lo tome como una prioridad. Creemos que es muy prematuro pedir resultados en las condiciones tan adversas en las que recibió la administración municipal, con graves adeudos y crisis financiera. Lo que no hay que soslayar es que a la vista de la ciudadanía se trata de verdaderas mafias las que manejan al ambulantaje y que será un verdadero desafío meterlas al orden. Las muestras de resistencia ya las hemos visto, de parte de lideresas que ha pervivido de este negocio ilícito: vender espacios públicos, como si fueran de su propiedad.
