El señalamiento directo, así, sin medias tintas, por parte del ejecutivo estatal al ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, la semana pasada, en el sentido de que en el mismo Cabildo hay nombres de capos, no es algo que deba ser soslayado. Aunque luego reviraron, es un tema serio. Esta ciudad istmeña ha sido calificada en los últimos tiempos, como una de las más violentas en el país. Al menos diez ejecuciones en menos de una semana, de las cuales nueve fueron mujeres, incluyendo una adolescente y una menor de cuatro años, no es poca cosa. No es la primera vez que esta ciudad ha sido puesta en el eje de la crítica y la descalificación ciudadana. Por supuesto que ahí la muerte tiene permiso. Es nota cotidiana en las notas policíacas de los medios impresos y electrónicos. Porque, además, existe una tradición de usos y costumbres que no se permite a la autoridad dar fe o cumplir con la ley en casos de homicidio. Antes de que llegue el Ministerio Público, la familia levantó el cuerpo.
Son bandas locales –dijo el edil de Juchitán hace unos días-, cuando se le cuestionó sobre tres acciones de grupos armados en viviendas los días 2, 3 y 6 de febrero. Inclusive, ignoró el comentario sobre el crimen de una pequeña de cuatro años de edad. Algo aberrante, desde cualquier punto de vista. Aquí todos se conocen, también lo dijo. Y se fue sobre acciones municipales en tareas de prevención, echándole la bolita al Fiscal General del Estado. La lógica de que estos crímenes son venganzas entre bandas, de que unos matan a otros y éstos a aquellos, suena como una película de aventuras. El Istmo de Tehuantepec está permeado por el crimen y las ejecuciones y los atentados. Encogerse de hombros es inaudito. Irresponsable e indolente. Apenas el domingo ocurrió un incidente criminal en contra de un presidente municipal.
Empero, más allá de señalamientos o acusaciones de revire por parte del gobierno teco, Juchitán y su zona conurbada requieren, a la brevedad, de acciones enérgicas y severas, por parte de la Federación y el gobierno estatal. Pero no de operativos como los que se pusieron en marcha luego del triple homicidio del 2 de junio de 2018, cuando masacraron a dos mujeres y un hombre, sino de ir hasta la madriguera de los criminales. Resulta contradictorio que aquellos que se presumen apoyan el proyecto presidencial del Corredor Interoceánico y exhiben sumisión a la Cuarta Transformación, sean presuntos cómplices por acción u omisión, de escenas criminales como las que hemos visto en los últimos días.
Excesos bajo la lupa
Desde hace al menos un par de semanas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha seguido adelante con su campaña de linchamiento y amenazas a medios y periodistas. A pesar de la fallida “aclaración” de su hijo, José Ramón López Beltrán, de que laboraba en una empresa texana, los medios y muchos ciudadanos hartos de los abusos que se cometen en las llamadas conferencias mañanera, han elevado la voz en solidaridad con aquellos periodistas a los que se pretende estigmatizar, violentando la ley. Diversos organismos internacionales han puesto a México bajo la lupa. Una de ellas, la Sociedad interamericana de Prensa (SIP), rechazó la campaña de descrédito que ha emprendido el presidente de México.
La organización reiteró su pedido para que “suspenda de inmediato” las agresiones e insultos, ya que la experiencia indica que ese tipo de ataques desde la cima del poder incentivan la violencia contra la prensa. El caso más reciente involucra al periodista Carlos Loret de Mola. De forma pública y burlona, López Obrador reveló sus supuestos ingresos de este periodista crítico del presidente, que trabaja en radio, televisión y medios impresos nacionales e internacionales. El haber develado, a través de un reportaje, datos sobre la costosa vivienda en la que residió durante un tiempo un hijo del presidente en Houston, Texas, le ha valido incluso que el mismo presidente violente artículos de la Constitución, que protegen los datos personales de cualquier ciudadano.
La residencia era en ese entonces propiedad de un ejecutivo de la compañía de servicios petroleros Baker Hughes, que tiene contratos millonarios con la estatal empresa Petróleos Mexicanos (Pemex). Los directivos de la SIP, han condenado la actitud estigmatizante, de descrédito y descalificaciones de parte de López Obrador, además de advertir que dicha campaña de descrédito es sumamente peligrosa pues pone en riesgo la seguridad de quienes ejercen un periodismo de investigación. En un comunicado con fecha del 14 de febrero, la SIP subraya: “la escalada de ataques personales a medios y periodistas que cuestionan su gestión en el gobierno y difunden información que considera negativa para su administración supone una invitación a ejercer más violencia y es contraria a la tolerancia que debe prevalecer en una democracia”. Lo dicho: la libertad de expresión está en serio riesgo en nuestro país.
