El jaloneo diplomático provocado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el gobierno de España que, para mexicanos y españoles ha sido considerado un exabrupto sin sentido y justificación, sin duda alguna tendrá repercusiones en Oaxaca, habida cuenta de que tenemos importantes inversiones en materia de energía eólica. No es un secreto que las empresas generadoras de energías limpias, como Iberdrola, Gamesa y otras, están en el eje de los desfiguros presidenciales, al considerarlas algo así como enemigas de su gobierno y de haber trabajado en abierta complicidad con los gobiernos anteriores. López Obrador asume que dichas empresas “han saqueado al país” en materia energética, una manera burda de ocultar que su reforma eléctrica no camina, en principio, porque no cuenta con mayoría calificada en el Congreso y, después, por las presiones que sigue ejerciendo a su gobierno el de Estados Unidos, pues una reforma constitucional como la que pretende, afectaría en los hechos el Tratado con Estados Unidos y Canadá.
Durante los tres años del llamado gobierno de la Cuarta Transformación y, en virtud de la influencia nociva del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, señalado de manera constante de corrupción, el presidente ha emprendido una campaña permanente en contra de las empresas españolas, pioneras en la generación de energía eólica. En sentido contrario al Acuerdo de París, suscrito por México y de todo sentido de la realidad global, los aludidos continúan en su afán perverso de seguir utilizando fuentes fósiles para la generación de electricidad, de espaldas a la realidad mundial. Y ése es el trasfondo de la reforma eléctrica, ello incluye, obviamente, la descalificación permanente de las empresas españolas.
Hace un par de semanas, una de las empresas que no cuenta con capital español sino de otras empresas extranjeras, “Eólica del Sur”, que funciona en el Istmo de Tehuantepec, fue prácticamente asegurada por la Comisión de Regulación de Energía (CRE), bajo el argumento de que estaba comercializando la energía con clientes ajenos a los que tiene en su agenda de suministro. Este tema le está acarreando no al gobierno mexicano, sino al pueblo, serios dolores de cabeza y malestar, en virtud de que se ha llegado a niveles insospechados, por una necedad del presidente y la ignorancia supina que ha demostrado en tema de política exterior.
Cuestionables asignaciones
Desde hace un par de semanas al menos, ha circulado en redes sociales la lista de presuntos nuevos notarios a los que, se presume, el gobernador del estado, Alejandro Murat, ya les habría otorgado el fiat, es decir, el certificado que los acredita como fedatarios públicos, una especie de patente de corso que es, además, hereditaria. Si bien es cierto que cada fin de sexenio se da esta atrocidad de premiar a los amigos, a los incondicionales, otorgándoles de manera discrecional dicha patente, por el número de que se habla -29 fiats- se considera que esta administración estaría incurriendo en un exceso. Más aún, porque algunos de los mencionados están hoy en medios de comunicación locales y nacionales, así como en redes sociales, señalados de incurrir en prácticas de despojo que habrían sido causa, se dice, hasta de asesinatos. Es decir, lejos de sancionarlos se les premia.
El asunto es que las notarías han devenido en Oaxaca un coto familiar. Clanes completos de cinco o seis miembros, por esas artimañas políticas y de conciliábulos con el poder público, tiene su propia patente. La mamá, el papá y los hijos son notarios. Si ello fuera como producto del trabajo, de reconocer a quienes se han desempeñado profesionalmente u otros atributos, nadie opinaría lo contrario, pero cuando ello se da sólo para el pago de favores políticos o complicidades, ahí es donde se cuestiona. Dos de los beneficiados presuntamente, ocupan hoy en día cargos públicos ligados, justamente, a la cuestión notarial. El Instituto de la Función Registral y el Instituto Catastral de Oaxaca. Ambos titulares están hoy mismo en serio cuestionamiento de trabajar en complicidad para despojar a ciertas familias de su patrimonio. Ambos son hijos de fedatarios.
En pocas palabras, la fe pública en Oaxaca se ha convertido en un verdadero fraude. De seguir así las cosas, no hay duda que el gobierno de Murat Hinojosa llevará un estigma innecesario en su carrera política, de haber cedido ante la presión de verdaderas mafias que tienen su haber infinidad de ilícitos, uno de ellos, la apropiación de predios intestados en la capital oaxaqueña. Es una lástima que luego de encabezar un régimen atípico con falta de obras relevantes y ausencia de programas sociales lleve encima la etiqueta del amiguismo, del compadrazgo y las complicidades, algo que el pueblo oaxaqueño deplora.
