Al dar el banderazo de arranque al proceso de notificación domiciliaria, el delegado del INE en Oaxaca, Édgar Humberto Arias Alba, afirmó que el trabajo del órgano electoral federal sirve para cerrar la puerta a las descalificaciones.
Durante la ceremonia efectuada en la Alameda de León se tomó protesta a los supervisores electorales y capacitadores que participarán en el proceso de revocación de mandato y en las elecciones a gobernador del próximo 5 de junio.
Acompañado de la presidenta del órgano electoral local, Elizabeth Sánchez, explicó que se efectuarán unas 410 mil visitas domiciliarias en las próximas seis semanas, a fin de seleccionar a quienes podrán integrarse como funcionarios de casillas en Oaxaca.
Frente a capacitadores electorales y consejeros del IEEPCO reiteró que para la revocación de mandato se instalarán mil 907 casillas, mismas que contarán con 2 mil boletas cada una, mientras que para los comicios a gobernador 5 mil 700 casillas y poco más de 300 casillas extraordinarias, las cuales cubren las localidades más alejadas.
Los 395 Supervisoras/es Electorales (SE) y Capacitadoras/es Asistentes Electorales (CAE) buscarán convencer a casi 20 mil personas para que integren 1,907 mesas de casilla que deberán funcionar durante la Jornada de Revocación de Mandato el 10 de abril.
El funcionario electoral dijo que la organización de la revocación de mandato avanza sin contratiempos, cuyo ejercicio se efectuará el próximo 10 de abril, con un costo nacional de mil 542 millones, lo cual representa 16.50 pesos por elector. Es decir, en Oaxaca, el proceso de revocación de mandato tendrá un costo aproximado de 49 millones 500 mil pesos.
Arias Alba enfatizó que las instituciones involucradas trabajan de forma permanente para garantizar la seguridad al personal del INE que laborará en las regiones del estado y donde se han presentado acciones de inseguridad.
Sobre las irregularidades encontradas por el INE en la revisión de las firmas de apoyo a la solicitud de la Revocación, precisó que el INE iniciará los procedimiento de sanción administrativa que correspondan al uso indebido de datos personales de personas fallecidas, de personas en prisión, o personas que negaron haber otorgado su firma y también dará parte a la Fiscalía, a fin de que busque sancionar los delitos que en su caso se hubieran cometido.
