Aunque el aumento al salario mínimo beneficia a los diversos sectores laborales del país, también representa un duro golpe para el bolsillo de las personas que cuentan con deudas hipotecarias de las diversas instituciones como el FOVISSSTE.
Desde el inicio del Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el ciudadano Miguel Campa Torres, ha solicitado una audiencia con el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, pues cada año en vez de reducir el crédito para pagar su vivienda, incrementa al igual que el salario mínimo.
“Esto me da en la torre porque mi crédito todavía se calcula en salarios mínimos, de los 422 mil que me había costado mi vivienda en el 2066, ya llevo pagando más de 380 mil pesos, pero con estos incrementos el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), lo reduce a una mínima cantidad de poco más de 12 mil pesos”, afirmó.
El ciudadano señaló que esta situación, estarían enfrenando miles de derecho-habientes y pensionados del ISSSTE, pues a pesar de solicitar la intervención de Ramírez Pineda y de los diputados federales, no ha tenido respuesta alguna.
En el 2019 el salario mínimo pasó de 88.36 a 102.68 pesos. En el 2020 se dio el mayor incremento que fue del 20 % al pasar de 102.68 a 123.22 pesos, para el 2021 fue del 15 % al pasar de 123.22 a 141.07 pesos.
El pasado 1 de diciembre la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) anunció un incremento de 22% al salario mínimo en todo el país. A partir del primero de enero de 2022, será de 260.34 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) y de 172.87 en el resto del país. De acuerdo con la Conasami, esto beneficiaría directamente a 6.3 millones de trabajadores, un 30.5% de los registrados en el IMSS.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideró que el salario mínimo es una política regulatoria que puede mejorar la eficiencia en el mercado de trabajo, además de que tradicionalmente es considerado como un asunto de justicia social.
Destaca que para las autoridades, lograr que los ingresos de los trabajadores sean más competitivos es un objetivo deseable. También lo es el desarrollo de políticas públicas para proteger el poder adquisitivo del salario, con la finalidad de que los beneficios al incremento del salario perduren a través del tiempo, sin embargo, también reconoce que existen preocupaciones usuales como el aumento en el desempleo y en el nivel de precios de la economía.
