El pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) impuso multas a los ciudadanos Jorge Luis Ramírez Jiménez, Jorge Castellanos Pinos y Alejandro Orozco Gutiérrez, al acreditar la violencia política en razón de género cometida en contra de Sonia Luis Gallegos, presidenta municipal electa de San Dionisio del Mar.
De esta manera, el órgano jurisdiccional sancionó con multas equivalentes a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a cada uno de los denunciados, lo cual equivale a 4 mil 481 pesos.
Así mismo vinculó a las secretarías General de Gobierno (Segego) y de Seguridad Pública (SSPO) a efecto de que el día de la toma de protesta, prevista para el 1 de enero de 2022, garanticen que la misma se realice en calma y brinden la seguridad correspondiente en favor de Luis Gallegos.
Mediante el Procedimiento Especial Sancionador con clave: PES/146/2021, el Tribunal obtuvo pruebas de que la presidenta municipal electa de San Dionisio del Mar recibió amenazas de ser linchada.
Aunado a que le cerraron los accesos del pueblo para que no saliera a recibir su constancia de mayoría, después de resultar como candidata electa, sin embargo, dichas acciones no le impidieron a la actora recibir dicha constancia.
Pero, posterior a su recepción, no la dejaban entrar al municipio.
En la diligencia de ratificación, la denunciante agregó que subsistían comisiones de vigilancia que se instalaban en los accesos del municipio y que no permitían que caminara libremente por la comunidad.
Detalló que tales comisiones también realizaban rondines dentro y fuera de la población y alrededor de su domicilio, tanto de día como de noche, con intimidaciones y amenazas a su persona, atentando contra su seguridad personal.
Los magistrados del TEEO advirtieron que dichas acciones constituyen violencia psicológica contra Sonia Luis Gallegos, con la intención de menoscabar el ejercicio de su derecho político – electoral.
Refirieron que los denunciados, de los cuales, uno contendió en la pasada elección al cargo de presidente municipal, tenían, con estas conductas, el claro propósito de desestabilizar políticamente el municipio, e inclusive deslegitimar a Sonia Luis Gallegos como presidenta electa, al referir en sus asambleas informativas que no reconocían el triunfo de la hoy denunciante, y que ya estaban las impugnaciones, además, que todos los candidatos estaban en las mismas condiciones.
El pleno dictó diversas medidas de reparación integral y dejó subsistentes las medidas cautelares decretadas en autos.
