La situación tan problemática que hemos vivido en la capital oaxaqueña, es inédita. Jamás un gobierno local se había desentendido, así como así, de las responsabilidades que le competen. Seguridad y el servicio de limpia son dos tareas por las que los citadinos pagamos nuestros impuestos. Seguimos pagando los platos rotos de una pésima administración. Desde hace ya algunos meses, los problemas con el Sindicato “3 de Marzo” y otros gremios que laboran en el ayuntamiento, se han exacerbado. Ya no sólo son los derivados de la falta de pago por la renta de los camiones recolectores y la carencia de combustible para poder operar –sólo éste rubro alcanza los 30 millones- sino que hay otros de igual envergadura, como el pago de las pensiones que, por ley, les corresponden a los jubilados, pensionados o pensionistas. Algunos dirigentes estiman que el monto es de 18 millones de pesos.
Hace poco más de un mes, el gobierno estatal tuvo que entrar al quite y ministrar al ayuntamiento 20 millones, para contener la protesta desbordada de los trabajadores municipales. Sin embargo, los problemas han continuado. Y ha sido la ciudadanía la que ha tenido que pagar los platos rotos, como los bloqueos del pasado 9, 10 y 11 de diciembre, en al menos 10 puntos de la capital. Pero, más allá de la responsabilidad que le compete a una presidencia municipal omisa, nada exonera a la dirigencia de los sindicatos que históricamente han mantenido al ayuntamiento boca abajo. Como en la UABJO, acotada por al menos siete sindicatos que hacen fila para emplazar a huelga a la rectoría, porque cada año exigen revisión de contratos colectivos de trabajo, más prebendas, más vicios, también el municipio tiene que capotear las exigencias de varios. Y lo hemos visto, como decimos antes, tomando como rehén a la ciudadanía, con una bajeza impresionante.
Estamos a escasos 14 días de que esta administración entregue la estafeta al edil electo, Francisco Martínez Neri. Y a sólo unos días de que inicie la temporada vacacional decembrina. ¡Vaya espectáculo tan deprimente que se le ofrece al turismo nacional y extranjero que nos visita! Sólo el cinismo de unos y la insensibilidad de otros, justifica tener una capital, orgulloso Patrimonio de la Humanidad convertido en estercolero y en una tierra de nadie. Habrá que apelar como don Benito Juárez, al “juicio implacable de la historia. Ella los juzgará”. A unos por omisos e irresponsables; a otros, por indolentes y torpes.
La victimización perpetua
Como ocurre cada fin de año, los dirigentes de algunas de las 400 organizaciones sociales que perviven de la dádiva gubernamental, mueven a sus seguidores para presionar al gobierno y recibir sobornos, encubiertos como apoyos a comunidades. El chantaje que despliegan puede ir de la moderación, como la realización de marchas, hasta el bloqueo carretero o a vialidades e incluso, el cierre de oficinas y el secuestro de trabajadores, como ocurrió la semana pasada en Ciudad Administrativa, cuando el llamado Consejo para la Defensa del Indígena (CODECI), retuvo por más de 12 horas, a empleados y empleadas de Ciudad Administrativa. Ante la ausencia de banderas que justifiquen sus demandas, todas con el signo de pesos y millones, toman una de las más degradantes: la de sus víctimas, a quienes no dejan descansar, pues son motor del chantaje permanente. El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui –MULT- marchó el lunes 29 de noviembre, para exigir justicia por el asesinato de su fundador, Heriberto Pazos Ortiz, ocurrido en octubre de 2010. Es decir, hace 11 años y cuyos presuntos autores están en prisión.
El dirigente del membrete denominado CODECI, cometió las peores bajezas pues con la bandera de Catarino Torres Pereda, asesinado en la Cuenca del Papaloapan, hace diez años, el hermano y dirigente exigió al gobierno estatal la nada despreciable suma de 1 millón 800 mil pesos. En el mismo tenor, el Frente Popular Revolucionario –el FPR- hizo lo propio cerrando Ciudad Judicial, pues siguen teniendo como bandera el homicidio de Tomás José Martínez Pinacho, dirigente regional en Miahuatlán de Porfirio Díaz, acribillado a balazos en la población de Ánimas Trujano, en agosto de 2020. Dos de los presuntos homicidas están en prisión.
Se trata de la mínima parte de un directorio gigantesco de organizaciones encabezadas por falsos redentores sociales. Personas que no trabajan, pero que llegan a las oficinas de gobierno a exigir sumas millonarias, a las que ya se han acostumbrado. A la mayoría de ellos se les asignan las obras de las comunidades que dicen representar, sin ningún documento o constancia de elección popular. Reciben dinero de la Secretaría General de Gobierno o de Finanzas, con el señuelo de que, al tenerlas quietas, se garantiza la gobernabilidad, haciendo cierta la frase acuñada a don Porfirio Díaz: “perro con hueso en la trompa, ni ladra ni muerde”. La pregunta es: ¿No es tiempo ya de ir acotando a ese nido de parásitos sociales, que viven –y muy bien- del erario público?
