Organizaciones no gubernamentales que se integran en la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, descalificaron al gobierno federal por tratar de imponer mega proyectos y acusaron a los diputados federales, Azael Santiago Chepi y Ángel Domínguez Escobar de impulsar a las grandes empresas.
Asimismo, al partido Morena lo señalaron de dividir a las comunidades con discursos que están apoyando a estas inversiones.
Pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizar una investigación sobre las afectaciones a las garantías de las comunidades que han emprendido acciones para la no continuidad de la minera Cuzcatlán en San José del Progreso.
Las organizaciones que forman el “Frente no a la minería por un futuro de todas y todos”, realizaron en San Dionisio Ocotepec una Asamblea General Regional, con autoridades y representantes de cinco comunidades.
En ella participaron: El Vergel, Los Ocotes, San José del Progreso, San Nicolás Yaxe y San Dionisio Ocotepec, quienes se manifestaron en contra de la continuación de la empresa minera.
A esta postura se sumaron otras comunidades que piden al gobierno federal ya no dé permiso de continuidad a la empresa Cuzcatlán, en el valle de Ocotlán.
“Además, denunciamos la actuación de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Azael Santiago Chepi, Ángel Domínguez Escobar y la legisladora Yeidckol Polevnsky ya que realizan gestiones que favorecen los intereses de la empresa minera sin importarles poner en riesgo a las comunidades zapotecas”, señalaron.
Por su lado, Juanita Ramírez de la Unión de Comunidades Indígenas del Istmo de Tehuantepec, advirtió que con la llegada del corredor interocéanico, la zona istmeña se convertirá como Ciudad Juárez en el norte del país, donde las empresas saquearon los recursos naturales para construir sus emporios.
Asimismo, acusaron que Morena ha impulsado una campaña de desprestigio para dividir a los pueblos, porque no se ha consultado a las comunidades indígenas sobre estos temas.
“Todos estos proyectos traerán daños ambientales fuertes en beneficio de las grandes empresas con acciones a favor de las industrias”, señalaron.
Ante esto, calificaron que se encuentran ante un gobierno autoritario, de tonos fascistas que busca la imposición de los proyectos en materia eléctrica, además de impulsar las actividades mineras.
Ante los daños ambientales, conminaron a la Semarnat a respetar la determinación de los pueblos originarios.
