Mucho se ha discutido en días pasados acerca de la propuesta de una minoría de Senadores para que esa Cámara ejerciera su facultad para presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Acuerdo emitido por el Presidente de la República “por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar acciones, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre de 2021.
A lo que la Senadora Olga Sánchez Cordero en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva del Senado, expresó que era improcedente, pero, ¿a qué se refiere la senadora Sánchez Cordero con esta improcedencia?.
Primero quiero precisar que las controversias constitucionales tienen por objeto resolver los conflictos que se susciten entre poderes del Estado, o entre sus distintos ordenes de gobierno, siempre que se reclame la invasión a la esfera de competencias o atribuciones de un órgano que se considera afectado por la emisión de disposiciones generales o de algún acto emitido por otro poder, es por eso que la controversia constitucional es un medio para salvaguardar la supremacía constitucional, el principio de división de poderes así como el Federalismo del Estado mexicano.
De lo anterior podremos entender que si bien es cierto que el Senado es un órgano legitimado para promover controversias constitucionales (art. 105, fracción I, inciso c de la Constitución), también es cierto que para que dicha controversia sea procedente se tiene que plantear un agravio en su perjuicio, es decir, un detrimento que se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada (en este caso el Acuerdo del Presidente) sea susceptible de causar alguna afectación o perjuicio a la parte promovente (el Senado). Es justo en ese momento cuando se actualizaría el interés legítimo para que el Senado demandara la invalidez del acuerdo referido.
Situación que en este caso no acontece, pues el Presidente de la República tiene la facultad para expedir este tipo de Acuerdos, el cual por sus características, no es una norma general sino un acto administrativo donde se da instrucciones a las dependencias subordinadas del propio poder ejecutivo federal sobre casos concretos de negocios públicos. Es decir, en ningún momento se advierte que el Acuerdo suscrito por el Presidente invada la esfera de competencias del Congreso de la Unión, previstas en el art. 73 de la Constitución General, o de las facultades exclusivas que competen al Senado, previstas en el art. 76 del mismo ordenamiento. Razón por la cual no se actualiza una afectación a la esfera de competencias constitucionales del Senado, dicho de otra forma, el referido Acuerdo no causa ningún agravio en perjuicio del senado para que este pueda presentar la controversia constitucional ante la SCJN.
Ahora bien, ¡OJO! En ningún momento se está analizando el fondo del referido Acuerdo, ni ninguna de sus posibles consecuencias en materia de economía, transparencia, seguridad o lo que resulte, simplemente se ha tratado de explicar el porque no es procedente para el Senado, por las cuestiones técnicas jurídicas expuestas, presentar ante la SCJN una controversia constitucional en contra del Acuerdo del Presidente.
Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Twitter: @lisandrooh

































