Ya es un secreto a voces la situación tan deplorable en la que el edil, Oswaldo García Jarquín, está dejando el gobierno que, en mala hora, le otorgó el voto popular. Los problemas con los trabajadores del Sindicato “3 de marzo” continuaron la semana pasada, traducidos en bloqueos a calles y cruceros sin tener siquiera una mesa de diálogo o que la autoridad haya asumido la responsabilidad que le compete. El viernes pasado, mientras se mantenían de nueva cuenta los abominables bloqueos, en redes sociales se difundió la carta de uno de los propietarios de estaciones de gasolina, solicitando al citado edil, agilizar el pago por más de 30 millones de pesos, que es el monto del suministro a camiones recolectores de basura, patrullas y demás vehículos oficiales. El chantaje siguió el sábado. La pregunta es: ¿Cuáles son los motivos que tuvo el gobierno local, para dejar crecer de esa manera el adeudo que, hoy mismo, se anticipa impagable?
El asunto es que se le han juntado los problemas al munícipe y funcionarios. La semana anterior, en un hecho sencillamente deleznable, trabajadores de limpia arrojaron sus bateas llenas de desechos, no sólo frente al edificio de la Plaza de la Danza, sino en lugares emblemáticos como Santo Domingo y frente a los domicilios particulares, tanto del presidente municipal como de los funcionarios que tienen que ver con las tareas de limpieza y mantenimiento. Esta imagen triste y deplorable, de nuestro Centro Histórico convertido en zahúrda o nuestras principales calles y avenidas transformadas en estercoleros, ha generado una justificada indignación social. ¿De qué suerte, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), le apostó a un presidente municipal que a tres años de distancia, ha omitido cumplir con sus responsabilidades institucionales, haciendo de la capital bajo su autoridad, una ciudad en estado lamentable?
Uno de los temas de la agenda pendiente es el pago de las pensiones y otras prestaciones que exigen los trabajadores sindicalizados que, desde el mes de julio no les han sido liquidadas. Se trata de una suma de 18 millones de pesos. Si a ello agregamos los adeudos por gasolina y la renta de las unidades recolectoras de basura, además de las patrullas, no se ve cómo esta administración vaya a salir adelante. Un tema que debe ser investigado a fondo por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), que debe atender asimismo, estas irregularidades que son producto de un mal manejo administrativo.
Ficticios acuerdos de paz
Mucho hemos insistido en que de no acompañarse de acciones concretas que reivindiquen el papel del Estado en la salvaguarda de la ley y el Estado de Derecho, poco éxito habrán de tener los acuerdos de paz que se suscriben entre las partes en conflicto ante la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO). Es evidente que no se pueden echar en saco roto los buenos oficios del titular, Francisco Javier García López, que hace su mejor esfuerzo. Sin embargo, el mismo se ve rebasado a veces por la beligerancia de algunas comunidades que libran viejos diferendos de tipo agrario. Ahí está el caso irresuelto que traen entre manos las comunidades mixes de San Pedro y San Pablo Ayutla con Tamazulapam del Espíritu Santo, que tantos dolores de cabeza dan al gobierno estatal, por su cerrazón y encono, especie que no debía existir entre pueblos de la misma etnia. El conflicto por el agua lleva años. Y así como se les conmina al diálogo y la paz, al día siguiente, ambas comunidades desconocen públicamente todo acuerdo.
El pasado 29 de noviembre, justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su último día de gira de trabajo por la entidad, acudió a inaugurar un camino rural hecho con recursos del gobierno federal, en la comunidad de San Jerónimo Taviche, apareció en un medio impreso de circulación nacional, la foto de un camino, también rural, cortado de manera dolosa. Se trata de una represalia por la disputa territorial que han traído desde hace tiempo, las comunidades de Asunción Tlacolulita y Magdalena Tequisistlán. Pues bien, en torno a ello, la semana pasada, miércoles 8 de diciembre, esta comunidad cerró la carretera 190, para exigirle al gobierno de Alejandro Murat, la solución del citado diferendo. Por la tarde se instaló una mesa de diálogo para que ambas comunidades pudieran ventilar sus diferencias ancestrales.
Sin embargo, como mucho hemos insistido en este mismo espacio editorial y poniendo en tela de juicio la política vigente de diálogo y más diálogo, este tipo de conflictos deben ir acompañados de serias advertencias del gobierno estatal y, de la aplicación de la ley. No puede concebirse que por un diferendo que tiene que dirimir ante los órganos competentes, una comunidad atente en contra de una obra pública necesaria para su vecina u otras poblaciones. Es esta impunidad la que no debe permitirse más. Es lo que ha sentado un mal precedente y hace que cualquier hijo de vecino violente la ley sin recibir castigo.
