Cada fin de año es la misma historia. Dirigentes de organizaciones sociales con demandas irrisorias, irrumpen en la capital oaxaqueña para exigir el cumplimiento de una y mil peticiones. Es sólo una cortina de humo. Ante la cercanía del fin de año, exigen al gobierno estatal, dinero en efectivo. Es el caso del membrete conocido como Comité para la Defensa de las Comunidades Indígenas (Codeci), que fundara hace un par de décadas un conocido agitador de la zona de la Cuenca del Papaloapan, Catarino Torres Pereda, quien fuera asesinado hace al menos diez años. Pues bien, ahora es su hermano Juan, quien mangonea dicha organización y, con el ardid de que exige el esclarecimiento de la muerte de su consanguíneo, se apareció el pasado lunes. Bloqueó los accesos de Ciudad Administrativa impidiendo la salida de cientos de empleados (as) que ahí laboran. Todo ello, sin que el gobierno estatal de Alejandro Murat interviniera e hiciera uso de la fuerza pública, dada la evidencia de una privación ilegal de la libertad en contra de centenas de personas inocentes.
El mismo lunes, marcharon los militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y correligionarios de la Asamblea Popular Indígena (API). ¿Su demanda? Castigo a los responsables del asesinato del fundador del primero, Heriberto Pazos Ortiz, ocurrido en 2010 y cuyos presuntos responsables materiales están ya recluidos en el penal de Tanivet, Tlacolula. Es decir, sacan del baúl hechos ocurridos hace décadas para mendigar la dádiva gubernamental a la que ya están habituados los dirigentes. El martes, otra organización, el Frente Popular Revolucionario (FPR), con una bandera similar, el castigo a los criminales que le quitaron la vida a su dirigente regional en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Tomás José Martínez Pinacho, cerraron Ciudad Judicial. Esto es, los métodos son similares, al igual que las banderas. Para el oaxaqueño común, que ya se sabe estas maniobras, son formas encubiertas para extorsionar al gobierno estatal.
En ruta ya el sexto año de gobierno la presión de organizaciones sociales y simples membretes, se habrán de exacerbar. Ningún régimen, estamos seguros, podrá sacar a Oaxaca del marasmo del rezago y la pobreza en tanto tenga que mantener a un directorio de más de 400 organizaciones sociales parasitarias, que perviven del dinero público. Aquí no se ha entendido la lectura de la tesis que ha manejado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: los apoyos deben ser directos. No más dirigentes vividores e intermediarios.
Una acción inédita
Según el boletín emitido por la organización periodística continental, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights) expresaron su satisfacción por el acto público de reparación del daño, por el caso de Alfredo Jiménez Mota, periodista desaparecido en 2005. El acto se celebró el pasado miércoles, en el cual el Estado Mexicano se comprometió a reparar dicho daño a los familiares de la víctima y seguir buscando justicia. Jiménez Mota, periodista de El Imparcial, diario con sede en Hermosillo, Sonora, desapareció el 2 de abril de 2005. Su cuerpo nunca fue encontrado. La hipótesis más sostenida indica que fue desaparecido en represalia por sus investigaciones y publicaciones sobre actividades del narcotráfico.
Después de varios años de negociaciones entre el Estado Mexicano, la SIP y el RFK Human Rights, mediante la intercesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado por la desaparición del periodista se llevó a cabo el pasado 8 de diciembre en la ciudad de Empalme, Sonora, en el cual, las partes firmaron un Acuerdo de Solución Amistosa, que prevé la reparación material y moral de la familia, medidas de no repetición y de búsqueda de justicia. La SIP presentó el caso de Jiménez Mota ante la CIDH el 11 de marzo de 2009. El RFK Human Rights se unió como organización peticionaria en 2018.
Es importante recordar que, en el año de la desaparición, la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos (AME), entonces presidida por nuestro director y gerente general, Benjamín Fernández Pichardo, tomó el caso para exigir a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) –hoy FGR- el hallazgo con vida del periodista. En ese entonces, ya existía la llamada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, creada ex profeso para federalizar todo aquello que tuviera que ver con atentados a la libertad de expresión. Como el caso de Jiménez Mota, hubo decenas que fueron documentados y presentados por la AME no sólo ante instancias nacionales sino en foros internacionales, en virtud de que han representado parte del clima de impunidad que rodea a los agresores o asesinos de quienes ejercen el periodismo. Se trata pues, de una acción inédita que reivindica en parte, la excesiva intolerancia que ha existido en el actual régimen con la prensa independiente.
