Cinco juezas integrantes del Tribunal Feminista contra la Violencia Feminicida en Oaxaca denunciaron la actuación de diversos servidores públicos, quienes han cometido violencia institucional en contra de la madre de Melissa Areli Rojas Pastrana, misma que fue presuntamente asesinada a puñaladas el pasado 20 de diciembre de 2020 por su concubino, en la agencia de San Francisco Yosocuta, perteneciente al municipio de Huajuapan.
En su intervención, la abogada feminista y defensora de los Derechos Humanos, Karla Micheel Salas Ramírez, urgió una revisión minuciosa en el actuar de los servidores públicos de la Mixteca y del estado, quienes durante casi un año le han negado el acceso a la investigación a la madre de la víctima de feminicidio; además, tampoco le han nombrado una asesora jurídica.
“Se tiene que revisar la actuación de los servidores públicos que han sido también omisos en la detención del feminicida de nombre Miguel A.C.N., mismo que tiene que ser procesado y sentenciado por feminicidio, por lo que se tiene que realizar un plan de investigación que permita la incorporación de la perspectiva de género en las diligencias, peritajes y demás actos de investigación que se vayan a realizar durante la etapa complementaria”, señaló.
Salas Ramírez apuntó que la falta de atención social, médica y psicológica de los hijos de Melissa es una de las grandes preocupaciones de dicho Tribunal, por lo que las autoridades de Oaxaca, a través del DIF y de la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes, deberán tomar las medidas necesarias para verificar las condiciones en las que se encuentran, a fin de brindarles una atención integral y garantizarles su seguridad física y psicológica.
Por su parte, la jueza del Tribunal Feminista, Ruth Fierro Pineda, puntualizó que existe una orden de aprehensión en contra de Miguel A.C.N., la cual hasta la fecha no ha sido ejecutada a pesar de que las autoridades cuentan con la ubicación exacta del responsable, por lo que esta evidencia apunta que no se han realizado esfuerzos serios y suficientes para la detención del presunto feminicida.
“En este caso, la colusión y corrupción de algunos funcionarios ha sido el detonante de la omisión al cumplimiento de las obligaciones, a la justicia por parte del tribunal, fueron las diversas actuaciones con las que se acreditó la colusión, corrupción y tráfico de influencias para beneficiar al responsable feminicida; por lo tanto, no existe independencia, imparcialidad y objetividad por parte de las autoridades en este caso”, finalizó.
