Para la Coparmex el Decreto por el cual se blindan las obras del gobierno federal, es violatorio de la Constitución, porque atenta contra la división de poderes al pretender evadir con un acuerdo, disposiciones que son leyes aprobadas por el Congreso.
Además de que – sostiene – atenta contra la libre competencia y fomenta la discrecionalidad en la realización de obras públicas, trasgrede mecanismos legales de consulta y participación ciudadana como son las consultas a pueblos indígenas y en materia ambiental.
Recordó que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto presidencial que establece un acuerdo por medio del cual las obras públicas federales son declaradas de interés público y de seguridad nacional, con ese carácter obtendrán una dispensa de trámites, permisos, licencias y autorizaciones por afirmativa ficta.
Además de que instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la -autorización provisional- (con vigencia de 12 meses) necesaria para iniciar los proyectos u obras.
La disposición es aplicable para obras de infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas y ferrocarriles.
Prácticamente un abanico que cubre todas las obras del gobierno federal, dice el organismo empresarial.
Indica que la medida es sumamente alarmante, sobre todo, cuando de forma reciente se han dado a conocer investigaciones periodísticas que revelan la asignación discrecional de contratos a empresas fantasma y con giros no relacionados con la materia contractual.
Recuerda que el 80.6% de los contratos otorgados en este año 2021 han sido entregados por adjudicación directa, según los análisis de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Añade que la medida genera profundas dudas sobre el compromiso del actual gobierno con la transparencia y el combate a la corrupción.
“Pero el impacto del decretazo puede ser todavía mayor y severamente perjudicial, porque tiene el potencial para dañar de forma irreparable los derechos humanos de los ciudadanos”, afirma.
Subraya que con el decreto, los ciudadanos quedan en total estado de indefensión frente a la autoridad ya que verán cómo sus derechos humanos y certeza jurídica pueden ser atropellados.
Por ejemplo, una obra podría ser devastadora con el medio ambiente y el derecho a la salud, sin consecuencias para las autoridades y sin garantías para que el daño sea reparado, comenta.
