Hoy se cumplen 15 años de aquel pasaje ominoso para muchos oaxaqueños y motivo de nostalgia para aquellos que asumen, que el daño ocasionado a la paz social, a la economía y al dolor de muchas familias, en una mala entendida rebelión, es digna de festejarse con bombo y platillo. Éste es el caso de los dirigentes del llamado Cártel 22, aquellos que en 2006, liderados por Enrique Rueda Pacheco, de triste memoria, encendieron la mecha para meter a los oaxaqueños en un brete, en el que hubo decenas de muertos, heridos y, presuntamente desaparecidos. Después de tantos disturbios, barricadas mortales, vacíos de autoridad y manga ancha para que los supuestos rebeldes impusieran un clima de terror, como si no viviéramos en un Estado de Derecho, un día como hoy, pero de 2006, las Fuerzas Federales de Apoyo restablecieron el marco constitucional que el pueblo de Oaxaca, ajeno a grupos, sindicatos y organizaciones, exigían al gobierno del ex presidente Vicente Fox.
La respuesta de aquel membrete que aglutinó tanto a grupos radicales como a los enemigos políticos del ex gobernador Ulises Ruiz, la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), encabezada por quien hoy es el operador político de la senadora Susana Harp, fuerte aspirante por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la candidatura al gobierno de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, fue brutal. Incendiaron edificios públicos, como el del Poder Judicial del Estado, en donde borraron expedientes, archivos y demás, además de domicilios particulares. La ciudadanía vivió un infierno de atentados a las libertades, bombas Molotov, incendio de vehículos que hoy, unos cuantos atolondrados pretenden revivir en su triste papel de víctimas.
Desde la semana anterior, la dirigencia del llamado Cártel 22 ha hecho llamados a sus comités locales para celebrar este aniversario con algunos actos y acciones que, esperamos, no vayan más allá de la protesta pacífica y eventos culturales. Insistimos: la historia apegada a la realidad de lo que ocurrió en 2006 está por escribirse. Sin sesgos, sin fijaciones ideológicas, sin fundamentalismo. La verdadera víctima de ese episodio ominoso fue el pueblo oaxaqueño, nadie más. Que no se nos venga a convencer con la soterrada historia de la eterna victimización y la represión. A nadie convencen ya con sus lamentos plañideros y la bandera perpetua de asumirse golpeados y reprimidos.
Acoso a medios
Como hemos comentado ya en este espacio editorial, el acoso y persecución; ataques y descalificación; bloqueos informativos y publicitarios, a medios de comunicación y periodistas, parecen ser el síntoma de los personeros de la llamada Cuarta Transformación, emanados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El hostigamiento a tres medios de comunicación impresos y digitales, por parte del gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, ha desatado en el país una escalada de protestas y demanda de respeto a la libertad de expresión. Y es que dicho personaje ha instrumentado un acoso fiscal en contra de tres medios enviando auditorías y utilizando a personajes mediáticos, tipo el nefasto “Lord Molécula” para inventar supuesto lavado de dinero en algunos directivos, mencionando fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), sin que haya en la misma registro alguno que acredite dicha información.
El asunto ha rebasado fronteras. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció el acoso judicial y administrativo contra dichos medios de comunicación, por parte de autoridades estatales. La organización se sumó a la condena de prácticas autoritarias contra los medios independientes. Y afirma que, desde hace dos años, los medios E-Consulta, El Popular y Datamos vienen siendo objeto de descalificaciones, campañas de desprestigio y embestidas digitales, además de persecuciones judiciales y administrativas provenientes de funcionarios públicos. Según Artículo 19, los tres medios son víctimas de acoso judicial, a través de demandas civiles por daño moral presentadas por funcionarios de la administración pública que reclaman indemnizaciones por cifras millonarias.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, condenaron “el hostigamiento contra los medios y recordaron que este tipo de acciones limitan el desempeño de las libertades de expresión y de prensa, sobre todo cuando tienen la intención de castigar a medios independientes y críticos”. Como parte de la campaña de intimidación, el 10 de noviembre la Secretaría de Planeación y Finanzas citó a los representantes de E-Consulta y El Popular a una auditoría para revisar asuntos financieros que se remontan a varios años. El incumplimiento de las disposiciones fiscales podría conllevar sanciones económicas y embargos que pueden poner en riesgo la viabilidad de los medios.
