Una agente de bienes raíces de un suburbio de Dallas que presumió en redes sociales de haber participado en el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos y que posteriormente alardeó que no iría a la cárcel por ser blanca, rubia y tener un buen empleo fue condenada el jueves a dos meses tras las rejas.
Si bien algunos de los participantes en el asalto sentenciados por el mismo delito han recibido sólo libertad condicional o arresto domiciliario, los fiscales pidieron el encarcelamiento para Jennifer Leigh Ryan, de Frisco, Texas, bajo el argumento de que ella no ha dado muestras de humildad ni de remordimiento por sus acciones cuando seguidores de Trump irrumpieron en el edificio del Capitolio y retrasaron temporalmente la certificación del Congreso del triunfo electoral de Biden.
Los fiscales agregaron que la creencia de Ryan de que podría evitar una sanción muestra que no comprende la gravedad de su delito.
Ryan no enfrentaba cargos más graves por conductas más punibles, pero el juez federal de distrito Christopher Cooper dijo que ella aun así formó parte de la turba que superó en número a la policía en un ataque en el que murieron cinco personas y tendrá un efecto perdurable en las instituciones del gobierno.
Aunque Ryan se dijo arrepentida por sus actos, Cooper puso en duda su remordimiento y respeto por la ley. “Sus acciones desde el 6 de enero me hacen dudar sobre algunas de esas cosas”, afirmó el juez.
Los fiscales dijeron que Ryan viajó a la capital estadounidense en un avión fletado por una de sus amistades de Facebook, describió un acto de campaña de Trump antes del ataque como un preludio a la guerra, transmitió en vivo su ingreso al edificio al tiempo que las alarmas sonaban, participó coreando “Luchen por Trump”, tuiteó una fotografía de ella misma haciendo la señal de la paz frente a una ventana quebrada en el exterior del Capitolio y luego dijo que merecía una medalla por lo que hizo.
Su abogado respondió que ella estuvo en el edificio sólo por dos minutos, que no actuó con violencia y que tenía la protección a la Primera Enmienda constitucional para expresarse en las redes sociales. La Primera Enmienda garantiza los derechos de libre expresión y de acción, considerados fundamentales para un gobierno democrático.
